Explosión en el Don Bosco: "Hasta que no tengamos resultados de las pericias, todas son conjeturas"

Así lo afirmó en Radio Brisas el fiscal Walter Martínez Soto, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, quien investiga el hecho en el que una adolescente perdió gran parte de su audición por una bomba casera.

Luego de que se conociera que el caso sucedido en el colegio Don Bosco de Mar del Plata quedó en manos de ese Fuero Penal, su titular brindó más detalles sobre la investigación y aseguró que aún no hay suficientes pruebas para determinar al 100% lo sucedido.

"En la causa se habla de un challenge de Tiktok, pero yo no encontré en qué consiste en particular y si es real o si era una actividad propia de esa red social. Parece que es novedoso, pero por el momento es materia de investigación, hasta que no tengamos el resultado de las pericias, todas son conjeturas", expresó Martínez Soto en el programa "Brisas Segunda Edición".

En conversación con Nicolás Galante, el fiscal señaló que "el delito que se encuentra como delimitado y que se puede observar es el de lesiones gravísimas. La niña perdió casi toda su capacidad auditiva, y eso es algo para lo que la ley prevé hasta 10 años de prisión. No es una cuestión menor, más allá de la infinidad de bromas que hacen los chicos a diario".

El análisis de Martínez Soto sobre el episodio ocurrido en el Don Bosco

"La respuesta a esa situación no es una cuestión de bromas, los actos son de tal envergadura que conllevaron una explosión, que también contempla una pena alta. Todo eso me hace pensar en una actividad dolosa", remarcó.

Asimismo, comentó que "en principio, se constató como elemento que los sospechosos serían más de una persona, pero aún no podemos decir qué rol cumplió cada uno. Hubo algunas demoras incluso en la policía especializada, que dificultan la tarea, pero creemos que podremos avanzar en las últimas horas", adelantó.

En ese sentido, Martínez Soto se refirió a la responsabilidad de los autores del hecho, así como de la institución educativa implicada: "Creo que hubo una afectación de las consecuencias, porque quien hizo esto lo logró con pleno conocimiento y aceptó las cosas que podían llegar a pasar. Hay otros chicos y gente trabajando, como docentes y administrativos, y se observa otro nivel de responsabilidad. Por eso, el colegio debería tener una respuesta de por qué la demora y qué fue lo que pasó", indicó.

"Ningún protocolo ni acto administrativo puede ser superior a una ley del Congreso o la Legislatura provincial, por lo cual existe una obligación de comunicación y por eso el establecimiento lo debió haber puesto en conocimiento", cuestionó el fiscal.

En último término, aseguró que "todo es tendiente a determinar qué pasó y sus autores. En las últimas horas ampliamos la investigación con medidas para avanzar".

 

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