Sadop exige más controles ante el funcionamiento de jardines maternales "clandestinos"
La conducción marplatense del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) reclamó medidas de mayor control y regulación ante el funcionamiento de jardines maternales “clandestinos” y tras la agresión sufrida por una docente el establecimiento Luna Lanar.
Desde SADOP consideramos que estas instituciones al ser consideradas jardines deben estar enmarcadas en el sistema educativo formal, regulando su actividad desde el Estado y bajo las condiciones necesarias para una institución educativa, con los derechos y obligaciones que eso implica”, señalaron mediante un comunicado.
El gremio realizó un relevamiento y denunció la existencia de más de 600 Jardines Maternales “no registrados y sin control pedagógico” en los que, según el informe, trabajan más de 7000 docentes que están en “situación de vulnerabilidad total y a merced de los empleadores”.
“Esta situación no solo plantea un escenario de precarización laboral, sino también de falta de seguridad para las familias que acuden con el objetivo de que sus niñas y niños reciban contención y cuidados en el ámbito educativo”, aseguran y entienden que frente a estas condiciones dejan “librado al azar que ocurran graves hechos como los sucedidos en los jardines mencionados en tan sólo una semana”.
SADOP había denunciado la agresión a una docente en el jardín maternal Luna Lanar por parte de la propietaria del establecimiento y una de sus preceptoras, según se pudo conocer de la presentación que la víctima hizo del caso en sede policial y en sede gremial.
Recuerdan que la habilitación de establecimientos educativos de primera infancia tienen jardines de infantes que están regulados por la Dirección General de Educación y Cultura bonaerense y jardines maternales o guarderías que deberían habilitar y controlar los municipios.
“A los “jardines clandestinos” o guarderías las municipalidades les interponen las mismas exigencias que a un comercio, sin ningún tipo de control pedagógico o de condiciones necesarias para albergar niñas y niños, al tiempo que no cumplen con los derechos laborales plenos de las docentes a cargo, que cobran salarios insuficientes en relación a la responsabilidad que implican las tareas que realizan”, acusaron.
Denuncian además que estos establecimientos no realizan los aportes jubilatorios a la caja correspondiente, no pagan asignaciones familiares y no reconocen los regímenes de licencia, “condenando a sus docentes a un estado de precariedad absoluta”.