Estaciones de servicio: por qué están a un paso de suspender las ventas con tarjetas de crédito

Guillermo Lego, gerente de la Cámara de Expendedores de Combustibles e Hidrocarburos de Argentina (Cecha), advirtió las dificultades del sector para sostener las demoras en recuperar las ventas que realizan con tarjeta de crédito y reclamó reintegros desde las entidades financieras para no suspender este medio de pago. 

“Hemos tenido charlas con representantes de las distintas tarjetas por el tiempo que el tiempo que tardan en acreditar, además del arancel que nos cobran”, dijo a Radio Brisas. “En un proceso inflacionario, con un país en situación más dura y a pesar de que el gobierno hace esfuerzo por bajarlo, que te tarden diez o quince días para reintegrar el dinero de las ventas es demasiado”, explicó.

Recordó que incluso se han tomado actitudes más duras a partir de una de la federaciones, que abarca a la provincia de Santa Fe, que recurrió a la justicia para reclamar por esta situación y encontró una sentencia favorable en primera instancia.

Los problemas no solo son con las tarjetas de crédito sino también con las de débito, por las que también hubo planteos para que se reduzcan los plazos de reintegro de cuatro a cinco días a no más de 48 horas. “Estamos esperando a sectores políticos para ver si se puede revisar esto y modificar la ley que establezca una reducción más importante de estos plazos”, dijo Lego y puso un plazo de cinco días como una opción aceptable para tener en cuenta de estacioneros el dinero de las ventas realizadas con tarjeta de crédito.

También reclaman que el arancel que depende de las tarjetas de crédito, que son de 1,30 a 1,50,  “se reduzcan a 0,5, como es en otros país”. “Estaciones grandes bancan y pueden soportar, pero las que venden 250000 280000 litros, se ven cada vez más perjudicados porque la gente se financia con tarjetas de crédito, afirmó.

Detalló algunos aspectos del negocio y confirmó que el propietario de una estación de servicio se queda con solo el 8% de la facturación de ventas. De ese bruto, aclaró, el 60% es costo laboral y del otro 40% debe sacar demás obligaciones de mantenimiento y rentabilidad.

En cuanto al restante 92% del total de ventas hay un 40 a 42% que se queda el Estado en concepto de impuestos y el resto va a la petrolera. “Estamos pidiendo una rentabilidad justa”, dijo.

La bronca, afirmó, es que otros países como Bolivia "que tiene sus problemas y cobra 0,75 de arancel" o México, que "tiene un arancel un poquito más alto pero reintegra a las 24 horas".