Se cumplen 20 años de la anulación de las llamadas "leyes de impunidad"
El 21 de agosto de 2003 fueron derogadas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Al respecto, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación destacaron este lunes el papel "fundamental" de ese hecho en Argentina.
Ese episodio legislativo tuvo lugar en el Congreso de la Nación y permitió que más de un millar de genocidas fueran condenados por los delitos cometidos durante la última dictadura militar.
"La anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fue fundamental para la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Hoy, 20 años después, hay más de 1100 genocidas condenados y los juicios continúan", resaltó la dependencia por medio de una publicación en redes sociales.
En un comunicado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) celebró que la "anulación de estas leyes dio un impulso fundamental para reabrir las causas por los crímenes de la dictadura y continuar haciendo justicia, una demanda histórica del movimiento de derechos humanos y de la mayoría de la sociedad argentina".
Además, el organismo valoró que los "juicios por las graves violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas y de seguridad en el pasado reciente, fueron sostenidos por gobiernos de diferente signo político desde 1983" y sostuvo que también "fueron respaldados por los tres poderes del Estado".
Sobre el mismo hecho, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, valoró que la anulación de esas leyes "permitió reanudar juicios a los genocidas responsables de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar".
Y destacó que la decisión fue "una de las primeras políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia impulsadas por el entonces presidente Néstor Kirchner a poco de asumir el Gobierno".
El exsecretario de Comercio, Roberto Feletti, señaló que "hace 20 años, por iniciativa de Néstor Kirchner, el Congreso Nacional derogaba las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, poniendo fin a décadas de infamia y olvido".
"'Juicio y castigo' y 'Memoria, Verdad y Justicia' son, hoy más que nunca, banderas que debemos levantar bien alto y defender ante la amenaza de la barbarie dictatorial y sus voceros", exhortó.
El 21 de agosto de 2003 el Senado de la Nación convirtió en ley la nulidad de las llamadas "leyes de impunidad", que habían sido puestas en vigencia a mediados de los años 80 durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
Las normas, aprobadas en su momento por el Congreso, impedían el juzgamiento a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, entre 1976 y 1983.
Fuente: Télam