Los farmacéuticos anticipan una "acción declarativa" para cargar contra el decreto de Javier Milei
Esta mañana, la abogada Gabriela Stortoni pasó por Radio Brisas y habló en representación de la Confederación Argentina de Farmacéuticos (COFA) al afirmar que “nos estamos planteando una acción declarativa”. En conjunto, les solicitarán a los jueces encargados de la revisión del DNU la suspensión de los artículos que modifican la ley 17.665, que reglamenta el ejercicio de las farmacias.
“Estamos planteando una acción declarativa pidiéndole al juez que suspenda en forma inmediata todos los artículos del 313 al 325, porque afectan el régimen de una ley que establece la política sanitaria en Argentina”, acusó Stortoni.
En su denuncia sobre los artículos del vigente decreto 70/2023, señaló que son de “una gravedad inusitada”, puesto que la nueva reglamentación “se ha dictado de una manera inconsulta, sin participación ciudadana alguna y menos de las provincias, que tienen sus representantes en el Congreso”, sostuvo.
La portavoz de COFA anticipó que en la próxima acción judicial apuntarán directamente sobre el hecho de que el DNU “no tiene urgencia alguna”, y que modificaciones en el régimen de dispensa de los medicamentos deben ser legislados.
Por otra parte, Stortoni apuntó contra los efectos que causará la liberalización de la venta de medicamentos. Es que el decreto de Milei deja fuera el texto original que especificaba que "los medicamentos denominados de venta libre deberán ser dispensados personalmente en mostrador por farmacéuticos o personas autorizadas para el expendio".
“Si el objetivo es que a través de la liberalización mejore la economía, eso no va a ser. Vender los productos en cualquier lugar no va a contribuir a formar un precio más competitivo, porque los valores vienen desde los laboratorios, y habrá automedicación”, criticó Stortoni, y recordó que un 15% de las hospitalizaciones ocurren por ese motivo.
Ante una eventual venta desregulada de medicamentos, la representante de COFA señaló el temor de que “se desdibuje la presencia del farmacéutico, que garantiza la dispensa de los medicamentos y la salud pública”. En ese escenario, dijo, “el kiosquero” tendrá “la responsabilidad enorme en la generación de enfermedades y la afectación de la salud”.
En cuanto a la convivencia del DNU con la regulación provincial que existe en Buenos Aires —bajo el ministerio de Nicolás Kreplak— explicó que “el DNU no modifica la provincia, pero genera un impacto indirecto muy nocivo, porque al modificarse desde lo federal, habrá confusiones de normas y en la aplicación”.