Jueces bonaerenses opinaron sobre la baja de la edad de punibilidad en Argentina

En medio de un debate sobre la baja de la edad de punibilidad en Argentina debido a la posibilidad que se presente un proyecto de ley al respecto, la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires ha emitido un documento oficial expresando su postura y preocupaciones sobre el tea. En la nota, se destaca la importancia de considerar no solo la seguridad pública, sino también los derechos fundamentales de los jóvenes involucrados en el sistema penal.

En diálogo con Brisas Segunda Edición, la jueza María José Lescano comentó "En 2019 hicimos un análisis de los aspectos positivos y negativos que se manejaba por aquel entonces. Consideramos desde la Red llamar a la reflexión, dado que es un camino rápido que se da desde la política, pero no se escucha a todo el sistema para encarar la problemática. Creemos que es un error poner el foco ahí en lugar de estudiar la deserción escolar, el consumo de estupefacientes, la ausencia de programas de justicia restaurativa, entre otras cuestiones en un sistema de reconocimiento de derechos de la infancia, antes de hablar de la pena como si fuera una solución mágica a los problemas de seguridad".

Asimismo, la jueza de Garantías del Joven en La Plata, expresó "La idea es poner acento en el tema y reflexionar, dado que puede haber diversas variaciones, si tenemos un chico de 12 años con problemas de consumo hoy en día no tenemos ningún programa que funcione donde derivarlo. Hay muchas cuestiones previas que todos sabemos que son necesarias y no se atiende el problema de raíz. Es un error que la sociedad crea que con la pena se soluciona el problema. Por eso cuando hablamos de reformas tenemos que pensar en algo integral."

De esta manera, la Red que integra la jueza Lescano ha manifestado su preocupación ante la propuesta de bajar la edad de imputabilidad a los 15 años, especialmente en casos de delitos graves. En su comunicado, resaltan que esta medida no ha sido suficientemente justificada en datos empíricos y que representa un retroceso en el reconocimiento de los derechos fundamentales de los jóvenes.

Además, hacen hincapié en la necesidad de abordar el problema de la inseguridad sin sacrificar las garantías individuales, sugiriendo que la ampliación de los ámbitos de punibilidad no debería ser la primera opción política en esta materia. Asimismo, se destaca la importancia de implementar políticas integrales de promoción y protección de derechos para los niños, niñas y adolescentes, en lugar de recurrir de manera automática a la pena juvenil como respuesta al delito.

Esa agrupación de magistrados también alerta sobre la falta de recursos económicos asignados a las políticas públicas relacionadas con la infancia, así como la necesidad de promover una legislación racional que considere la inmadurez y el proceso de crecimiento personal de los jóvenes infractores. Se enfatiza que la reducción de la edad de punibilidad no puede abordarse de manera simplista, sino que requiere un enfoque integral y respetuoso de los derechos de los menores.