Procesaron a siete miembros de una familia de Mar del Plata por lavado de dinero

En la causa intervino el Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata. Siete miembros de una familia dedicada al rubro funebrero fueron procesados por el delito de lavado de activos.

En el marco de la investigación, se ordenó el decomiso de diez vehículos, una embarcación, un predio en Estación Camet y de una propiedad y de un complejo de cabañas en Corrientes. Los embargos ascienden a mil millones de pesos para cada uno de los siete acusados.

Según detallaron desde la Justicia, la organización habría puesto en circulación en el mercado más de 140 millones de pesos. Investigan el vínculo con causas de narcocriminalidad, como posible delito precedente. Además, remarcaron que uno de los imputados es policía.

El juez federal a cargo del Juzgado Federal N°3, Santiago Inchausti, dispuso el procesamiento de siete personas acusadas de conformar una organización a través de la cual adquirieron y administraron bienes inmuebles, vehículos y hasta una embarcación, sin sustento ni justificación patrimonial y bajo la sospecha de que fueron comprados con dinero del narcotráfico.

Los seis hombres y una mujer, con estrechos vínculos familiares entre sí y dedicados al rubro funebrero, fueron procesados por el delito de lavado de activos y embargados por el monto de mil millones de pesos cada uno.

Puntualmente, entre lo embargado figura un predio de dos hectáreas en Mar del Plata, una vivienda en Goya y el complejo de 14 cabañas que había adquirido en los últimos años la organización, en la localidad de Esquina, Corrientes.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Federal N°2, subrogada por Santiago Eyherabide y con la actuación del auxiliar fiscal Hércules Giffi, y permitió desentramar numerosas maniobras de conversión, administración y/o puesta en circulación en el mercado de bienes por un monto superior a 140 millones de pesos, según se desprende de la documentación analizada, como boletos de compraventa, escrituras, legajos B, entre otros, en relación con la valuación de los automotores analizados y las operaciones realizadas con los inmuebles.

El caso se inició en febrero de 2013 a partir de una denuncia con reserva de identidad, que advertía de posibles hechos vinculados al tráfico de droga y la trata de personas, con amparo policial. Se hablaba de un predio en Estación Camet y del ingreso asiduo de gran cantidad de personas, camiones –algunos de ellos con patentes de la República de Paraguay- y autos de alta gama al lugar.

La investigación, que fue dirigida por el Ministerio Público Fiscal y contó con la labor de la Prefectura Naval Argentina (PNA), enseguida dispuso las primeras medidas, vinculadas a tareas de campo y requerimiento de informes en relación con las personas y lugares mencionados en la denuncia. Los allanamientos tuvieron lugar el 31 de mayo del 2023.

El juez Inchausti reparó, al dictar el procesamiento, en los contratiempos que se dieron en el trascurso de la investigación: hubo frustrados intentos de intervención telefónica en el predio central de la organización por negativa de la prestataria, cuyo titular resultó tener vínculos con las personas investigadas, como también dificultad para realizar las tareas de inteligencia por las características del lugar que tenía paredones de gran altura y descampados a su alrededor.

De hecho, en el inicio de la investigación, cuando el uso de drones no era tan frecuente, se lograron tomar imágenes desde un helicóptero que sobrevoló la zona, que mostraron la existencia de camiones cubiertos con lonas dentro del terreno.

Además, de las tareas de campo surgió que los imputados contaban con el aviso por parte de funcionarios policiales de futuros procedimientos. Se detectó la supuesta connivencia que existía, en ese sentido, entre la organización y al menos un funcionario policial, pareja de la hija del líder de la banda, que dependía de la subcomisaría con jurisdicción en el predio en cuestión, en Parque Camet.

La complejidad de las maniobras desplegadas por la organización requirió la multiplicidad de jurisdicción para la investigación, cuyas tareas llegaron hasta Tandil y al sur del país.

Las maniobras desplegadas

Con base en el análisis del caudaloso material probatorio reunido –que también es insumo para otras investigaciones del fuero federal y provincial-, la fiscalía trazó como hipótesis que, desde 2013 y hasta la actualidad, la organización se dedicaría a gestionar, mantener y administrar distintos emprendimientos comerciales y sociedades, con apariencia de licitud, utilizando las mismas como fachada para poder volcar al mercado fondos de origen espurio provenientes de la comisión de ilícitos.

En este contexto, adquirieron numerosos bienes, tanto muebles -en su mayoría rodados de alta gama-, como inmuebles, sin poseer respaldo económico para ello. Esto lo convirtieron en una práctica habitual, con la intención de camuflar como genuino ese patrimonio.

Además de estos bienes, se detectó, a lo largo de la pesquisa y de la investigación patrimonial, un excesivo gasto de dinero por parte de este grupo, por ejemplo, en viajes frecuentes efectuados al exterior.

Entre los emprendimientos detectados como posibles “fachadas”, se encuentra el predio de dos hectáreas ubicado en el barrio Estación Camet de Mar del Plata, que sería epicentro del accionar delictual; y una vivienda en el barrio Los Zorzales, donde se pudo observar una carpintería y fábrica de ataúdes y puertas, que en realidad no funcionaban como tal.

La organización familiar contaba con un comercio ubicado en San Juan al 3000, donde funcionó la Funeraria Dilo, que luego atendería en otro local cercano sobre la calle La Pampa, aunque con el nombre de fantasía Funeraria Memorial. También adquirieron una granja y fiambrería ubicada en el centro de Mar del Plata, que debió ser cerrada en pandemia, además de otras propiedades en Corrientes.

Además, a lo largo de la pesquisa pudo advertirse que los imputados formaron parte -como accionistas y tenedores de cargos-, en distintas sociedades anónimas.