Eliminaron la Unidad de Investigación de la desaparición de niños durante la Dictadura

El Decreto 727/2024, publicado ayer, está generando un fuerte debate en torno a la derogación del Decreto de 2004 que establecía la Unidad Especial de Investigación sobre la desaparición de niños debido al terrorismo de Estado. Si bien el Poder Ejecutivo justifica esta medida como un paso hacia la división de poderes ya que busca  evitar que un organismo del Poder Ejecutivo asuma funciones jurisdiccionales propias del Poder Judicial, numerosos referentes políticos consideran que es un retroceso destacado en la protección del derecho a la identidad en Argentina.

La derogación del Decreto que creó la Unidad Especial implica una serie de preocupaciones con respecto a la efectividad de las investigaciones sobre las desapariciones forzadas. La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), que antes contaba con el apoyo de esta unidad, ahora se ve desprotegida y limitada en su capacidad para llevar a cabo investigaciones exhaustivas.

Consecuencias de la medida

• Limitación de Recursos: La eliminación de la Unidad Especial reduce los recursos y el enfoque necesarios para abordar un tema tan complejo como las desapariciones forzadas. Sin esta unidad, queda un vacío en la investigación que puede resultar en impunidad para aquellos responsables de delitos graves.
• Desconfianza en el Proceso: La decisión alimenta una creciente desconfianza entre las víctimas y sus familias respecto a la eficacia del sistema judicial. La percepción de que el gobierno está debilitando las capacidades de investigación puede hacer que las familias duden en colaborar con la justicia.
• Desprotección de Derechos: Este cambio pone en riesgo el derecho a la identidad de las generaciones afectadas por el terrorismo de Estado, ya que limita el acceso a mecanismos de investigación que podrían esclarecer el paradero de personas desaparecidas.

Críticas a la Derogación

Organizaciones  y activistas de derechos humanos han expresado su preocupación sobre el impacto negativo que esta decisión puede acarrear. La derogación del Decreto 715/2004 podría interpretarse como un intento de desmantelar las medidas existentes que garantizan el derecho a la identidad, afectando directamente a las víctimas de las víctimas del terrorismo de Estado.