Procesaron a tres personas por lavado de activos en Mar del Plata

La Cámara Federal confirmó hoy el procesamiento de tres personas por lavado de activos utilizados para la construcción de un edificio. Según explicaron, el delito precedente es la administración fraudulenta de un consorcio de propietarios, por el que las personas imputadas -dos hombres y su madre- fueron condenadas en el fuero provincial.

Paralelamente, se mantuvieron los montos de embargos, que ascienden en total a 315 millones de pesos, y la caución personal establecida en 20 millones de pesos cada uno para transitar el proceso en libertad.

De acuerdo al material probatorio, los activos reunidos provinieron de la administración fraudulenta de un consorcio de propiedades y que se utilizaron para la adquisición de un inmueble en el macrocentro marplatense, que fue demolido y en su lugar se construyó un edificio de 18 unidades que administraron las personas imputadas.

En primera instancia, el titular del Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata, Santiago Inchausti, había marcado que, de acuerdo con los elementos de prueba, el emprendimiento inmobiliario fue solventado en gran parte con fondos ilícitos, provenientes de la administración fraudulenta que el grupo familiar había realizado en el consorcio del edificio Semar XI, situado en la calle Arenales, y presuntamente con un patrimonio conformado en virtud de remates y de las subastas de inmuebles realizadas de manera espuria.

El juez marcó que la prueba patrimonial y fiscal reunida desecha la posibilidad de que los acusados tuvieran la solvencia financiera para encarar la obra, es decir, la compra de una propiedad, su posterior demolición y la consecuente construcción.

Añadió que el edificio no se encontraba registrado, lo que ubicó a la maniobra fuera del alcance de los controles municipales y administrativos.

Los argumentos judiciales para el procesamiento por lavado de activos

Uno de los puntos controvertidos por la defensa fue si ambas situaciones, la administración fraudulenta del consorcio y la construcción del edificio, tenían relación.

Al analizar el caso en su dictamen, el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Daniel Adler, expresó que de las actuaciones de trámite ante la justicia ordinaria –en las que resultaron condenados los imputados en esta causa por los delitos de asociación ilícita, administración fraudulenta y estafa procesal- surgieron elementos que permiten tener por probado que el dinero obtenido producto de esa administración fraudulenta del consorcio del Edificio Semar XI habría sido –al menos en parte- colocado en la compra de un inmueble en la calle Alvarado al 2100 para su transformación en una propiedad horizontal, a fin de darle apariencia lícita a los fondos.

El fiscal detalló el peritaje realizado sobre la documentación que se secuestró en el marco de la causa que concluyó en septiembre de 2023 con la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 del Departamento Judicial de Mar del Plata, en la que se determinó la existencia de liquidaciones sin respaldo, pólizas de seguro que no correspondían con importes que cobró el productor, multas, aprobación de expensas extraordinarias sin determinar el monto, entre otras.

También citó el informe elaborado por el administrador judicial del consorcio, quien dio cuenta de las irregularidades advertidas en la administración, entre las que destacó la existencia de deudas que mantenía ocultas, con déficit de caja y la existencia de fondos de reserva percibidos por la administración infiel, sin rendición ni rastro alguno, por una suma cercana a los 6 millones de pesos.

El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) añadió que, de la prueba existente, surge la colocación de ganancias espurias en el emprendimiento inmobiliario y que “la confusión de patrimonios caracterizó a la maniobra investigada”.

Los jueces de la Cámara Federal coincidieron con el fiscal. En la resolución, dictada el pasado 2 de octubre, señalaron que “las conductas delictivas por las cuales los sindicados en esta causa fueron condenados en la justicia provincial (delito precedente) produjeron una ganancia de dinero ilícito, la cual, en parte, fue colocada en la construcción del edificio de calle Alvarado”.