Recuperan áreas del Parque Nacional Los Alerces tras desalojo exitoso de grupos mapuches
La Administración de Parques Nacionales (APN), en colaboración con el Ministerio de Seguridad y la Vicejefatura de Gabinete del Interior, llevó a cabo un operativo de desalojo en el Parque Nacional Los Alerces, Chubut.
La operación fue un paso crucial para recuperar tierras de uso exclusivo del Estado, usurpadas desde 2020 por un grupo autodenominado mapuche, dirigido por Cruz Cárdenas.
La APN informó que el desalojo de los ocupantes ilegales incluyó la recuperación de la seccional de Guardaparques “El Maitenal”, un área clave para el control y conservación del parque.
La acción se enmarca dentro de un proceso judicial que se había estancado debido a gestiones previas, pero que ahora cobra impulso gracias a la nueva estrategia del Gobierno Nacional.
La ocupación de las tierras en el Parque Nacional Los Alerces generó conflictos en la región, incluyendo agresiones verbales y físicas contra el personal de la APN, además de un daño al derecho de propiedad del Estado.
"Hicimos cumplir la ley y desalojamos a los delincuentes que ocupaban tierras ilegalmente"
Ignacio Torres, gobernador de Chubut
El gobierno decidió no renovar la Ley Nº 26.160 de emergencia territorial indígena, que suspendía desalojos en terrenos reclamados por grupos indígenas, lo que permitió la intervención del Estado para defender la propiedad pública.
Operativo realizado bajo estrictos protocolos de seguridad
El operativo de desalojo fue realizado por las Fuerzas Federales con rigurosos protocolos de seguridad para garantizar tanto la protección de las personas como la preservación del entorno natural. Esto tenía como fin no solo restaurar el orden en el parque, sino también asegurar el bienestar de la comunidad local, que se veía afectada por la situación de ocupación.
La acción del Gobierno Nacional resalta su compromiso con la defensa de la propiedad pública y el cumplimiento de la ley en todo el territorio nacional. Además, reafirma el principio de convivencia pacífica y respeto al orden constitucional, en un contexto de creciente tensión sobre el uso y gestión de las tierras protegidas por el Estado.