Grave denuncia contra la Patrulla Municipal de Montenegro por violencia institucional
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) ha presentado una denuncia formal contra el accionar de la Patrulla Municipal de General Pueyrredón, señalando un alarmante uso de la violencia contra personas en situación de calle, vendedores ambulantes y cuidacoches. Según la CPM, esta fuerza municipal incurre en detenciones arbitrarias, uso ilegal de armamento y agresiones físicas, violando derechos fundamentales y normas legales vigentes.
El organismo de derechos humanos destacó un video difundido en redes sociales por el propio intendente Guillermo Montenegro, en el que agentes municipales reducen violentamente a una persona en situación de calle. En la grabación se observa cómo un agente golpea en el rostro a la persona, dejándola inconsciente, lo que ha generado un repudio generalizado.
Uno de los puntos más graves de la denuncia es la utilización de armas no autorizadas por parte de la Patrulla Municipal. La CPM reveló que el municipio realizó una compra de armamento mediante la licitación privada 51/24 por un monto total de $58.892.900, formalizada el 12 de diciembre de 2024.
Entre los elementos adquiridos se incluyen 30 armas cortas lanzadoras calibre y 68 marca Byrna modelo SD con dos cargadores; 5 armas largas lanzadoras con kit de conversión y funda de transporte marca Byrna, modelo Mission 4 y 5 armas largas Byrna modelo TCR junto con cartuchos de polímero, polvo y pimienta, garrafas de CO2 y fundas pistoleras.
A pesar de que esta compra fue oficializada, la CPM advirtió que el protocolo de uso presentado por el municipio es insuficiente y permite abusos de autoridad. La Patrulla Municipal no tiene facultades legales para portar ni utilizar armamento de ningún tipo, según la ley provincial de seguridad pública 12.154 y el decreto municipal 988/20 que regula su creación.
Criminalización de la pobreza y represión sistemática
Según la CPM, el accionar de la Patrulla Municipal responde a una política sistemática de criminalización de la pobreza impulsada por el gobierno local. En lugar de promover políticas de asistencia y generación de empleo, la gestión de Montenegro opta por reprimir y hostigar a quienes trabajan en la vía pública para subsistir.
La persecución de vendedores ambulantes y cuidacoches ha sido constante, pese a que estas actividades no constituyen delitos. La CPM denunció que el municipio estigmatiza a estos trabajadores, negándoles el derecho al sustento y sometiéndolos a violencia institucional.
Ante estos hechos, la CPM ha solicitado al Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredón que intervenga de manera urgente para frenar estos abusos y evaluar sanciones contra el intendente Montenegro.
Además, la organización presentó una denuncia penal ante la UFI N° 12 de Mar del Plata en el marco de la causa IPP 08-00-4316-25, en la que se investigan los delitos de abuso de autoridad, apología del delito y discriminación.