El Gobierno modifica la estructura del INTA y redefine su misión tecnológica
En el marco de las medidas de reforma del Estado impulsadas por el gobierno nacional, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, informó cambios estructurales profundos en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). El Decreto 462/25 convierte al organismo en una entidad desconcentrada bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, con una nueva conducción unipersonal designada por el Ejecutivo y asistida por un Consejo Técnico ad honorem.
Según detalló Sturzenegger, el objetivo es reencauzar al INTA hacia su misión original, vinculada al desarrollo científico-tecnológico aplicado al sector agropecuario, y reducir el exceso de estructuras administrativas que, manifiestan, alejaban al instituto de su función central.
“Las fallas eran estructurales. No se trataba de hechos aislados, sino de un modelo de gestión que había perdido rumbo y transparencia”, sostuvo el ministro.
El cambio elimina la conducción colegiada y busca profesionalizar la toma de decisiones, preservando la representación del sector productivo a través del nuevo consejo asesor, que definirá los lineamientos técnicos sin costo adicional para el Estado.
Sturzenegger reveló que, hasta abril de 2025, el INTA contaba con:
- 6.059 empleados (el doble de años anteriores)
- 2.403 vehículos (1 cada 2,5 agentes)
- 932 cargos jerárquicos
- 1.611 líneas celulares
- 450 sedes en todo el país
- Presupuesto de $224.000 millones anuales
- Recursos asignados por $411.000 millones (47,5 % de lo recaudado en retenciones al maíz)
Además, el informe de la SIGEN (2023) alertó sobre graves deficiencias administrativas: bienes sin inventariar, viviendas usurpadas, donaciones sin registrar, viáticos sin documentación y asociaciones cooperadoras sin balances ni control.
Más eficiencia y control sobre recursos públicos
El funcionario detalló que el INTA administra más de 110.000 hectáreas, de las cuales solo 45.000 son utilizadas para investigación. El resto, según admitió el propio gobierno, carece de trazabilidad y destino claro.
También se cuestionó el rol de estructuras paralelas como INTEA S.A. y la fundación ArgenINTA, que operan sin estar sometidas al régimen de contrataciones ni al control estatal.
“Esta reforma permitirá transparentar los recursos generados por la explotación de tierras públicas”, señaló Sturzenegger.
El nuevo esquema buscará restablecer prioridades productivas, reforzar la transferencia tecnológica al campo y fomentar la cofinanciación con el sector privado.
Modernización sin pérdida de capacidades técnicas
Desde el Ministerio aseguraron que se conservarán todas las capacidades científicas y operativas del INTA, pero se reducirá el aparato burocrático y se fortalecerá el control interno y externo de sus recursos.
“La meta es clara: devolver racionalidad institucional y garantizar que el INTA vuelva a ser el motor de la innovación en el agro argentino”, concluyó el titular de Desregulación.