El Municipio apeló el fallo que ordena frenar operativos de la Patrulla Municipal contra personas en situación de calle

La Municipalidad de General Pueyrredon presentó un recurso de apelación contra el fallo del Juzgado de Garantías N° 4 que hizo lugar a una acción de hábeas corpus colectivo, impulsada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en favor de personas en situación de calle.

En su presentación, el Municipio calificó de “excesiva” la sentencia que ordena abstenerse de realizar operativos de la Patrulla Municipal que impliquen violencia física, verbal o sustracción de pertenencias personales.

Según el abogado Mauro Martinelli, apoderado legal del Ejecutivo local, la decisión judicial afecta gravemente la operatividad municipal y desconoce el rol preventivo de la Patrulla en el cuidado del espacio público.

"Lesiona gravemente el interés público, la seguridad institucional y el normal desenvolvimiento de la administración", expresó. 

La apelación sostiene que no se acreditó una conducta sistemática de violencia institucional por parte de los agentes municipales y advierte que el fallo incurre en una “errónea interpretación del habeas corpus preventivo”, excediendo los límites del control judicial.

Desde la comuna también cuestionaron la admisión de organizaciones como la CPM y sindicatos, alegando que no ofrecieron aportes técnicos o jurídicos relevantes al caso.

El Municipio defendió el accionar de la Patrulla Municipal, describiéndola como una herramienta para “garantizar el orden en el espacio público” en coordinación con las fuerzas de seguridad provinciales.

Señalaron que en lo que va de 2025 se realizaron más de 17 mil intervenciones, muchas de ellas en respuesta a denuncias vecinales. Además, subrayaron que en caso de detectarse contravenciones o situaciones de riesgo, se da intervención inmediata a las autoridades competentes.

Respecto de las pruebas aportadas en la causa, la defensa municipal remarcó que los testimonios eran contradictorios y subjetivos, sin elementos objetivos que acrediten hechos concretos de violencia. También pusieron en duda la validez de los videos presentados por la parte denunciante, calificándolos como “entrevistas guionadas” sin certificación legal.

En su escrito, el Municipio sostuvo que el fallo representa una “intromisión indebida del Poder Judicial en funciones propias del Ejecutivo” y que “paraliza injustificadamente” el accionar de la Patrulla, afectando la autonomía municipal y el principio de división de poderes.

La causa pasará ahora a revisión de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, donde se evaluará la validez de los argumentos presentados.

Mientras tanto, el debate por el abordaje de la situación de calle en Mar del Plata suma un nuevo capítulo judicial y político.