Cárcel para exfiscal de Bahía Blanca por encubrir banda narco liderada por su sobrino
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca condenó a Alejandro Cantaro, exfiscal general de esa jurisdicción, a 6 años de prisión y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, al hallarlo culpable de proteger a una organización narcocriminal conocida como los “Narcochetos 2”, en la que participaba su propio sobrino.
El fallo, que también impuso una multa de 472 unidades fijas, marca un precedente grave en casos de corrupción institucional dentro del Poder Judicial argentino.
Vínculo familiar y delictivo
El tribunal acreditó que Cantaro ayudó deliberadamente entre 2017 y 2018 a los principales integrantes de esta red narco, incluyendo a Sebastián Gauna San Millán, su sobrino, y a Facundo Texido.
Desde su lugar como fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, omitió intencionalmente medidas clave de investigación, como la intervención telefónica del familiar implicado, a pesar de la evidencia.
“La deslealtad institucional fue manifiesta y funcional al encubrimiento de actividades delictivas graves”, expresaron los jueces en su argumentación.
Abuso de poder y corrupción judicial
En 2023, Cantaro había sido absuelto, pero en diciembre de ese año, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal revocó esa decisión. El Ministerio Público Fiscal impulsó el reenvío de la causa, que derivó en la actual condena. El intento de la defensa por recurrir el fallo fue rechazado por la Corte Suprema el 19 de junio de este año, quedando firme la resolución.
Según el fallo, Cantaro no solo omitió investigar a su sobrino, sino que le habría suministrado información estratégica para evitar que la organización fuera detectada, facilitando su fuga a Córdoba. Su rol como máxima autoridad del Área de Delitos Complejos en Bahía Blanca agrava la condena, al haber utilizado su posición para proteger intereses criminales en lugar de perseguirlos.
Los jueces señalaron que este accionar constituye una “traición al mandato constitucional”, deteriorando la credibilidad pública y la integridad del sistema de justicia.