Justicia laboral ordena reincorporar a despedidos de la empresa Georgalos
La Justicia del Trabajo dictó dos resoluciones en las que ordena a la empresa alimenticia Georgalos la reincorporación inmediata de dos empleados despedidos en el marco de un conflicto gremial.
Se trata de Alejandro Martínez y Maximiliano Montero, quienes fueron cesanteados junto con otros compañeros tras adherirse a medidas de fuerza impulsadas por el sindicato.
De acuerdo a lo publicado por el sitio especializado Infogremiales, el Juzgado Nacional del Trabajo N° 77, a cargo del Dr. Mariano Candal, y el Juzgado N° 46, dirigido por la Dra. María Elvira Rosón, coincidieron en que los despidos se produjeron en un contexto de huelga y constituyeron una violación a la libertad sindical.
Argumentos de los fallos
Según el fallo del Dr. Candal, los despidos se dieron en un “nítido conflicto colectivo” originado por cambios productivos en la compañía. Además, señaló que la sanción estuvo directamente vinculada a la adhesión a la medida de fuerza, lo cual afecta el ejercicio de un derecho constitucional.
Por su parte, la Dra. Rosón destacó que la cesantía de Montero se produjo de manera contemporánea a un conflicto gremial con la intervención del Ministerio de Trabajo, que había dictado la conciliación obligatoria.
Reconocimiento a la libertad sindical
Ambos jueces recordaron la jurisprudencia del Supremo Tribunal en la causa “Alvarez”, que establece la necesidad de una interpretación amplia de los derechos laborales y sindicales.
En este sentido, enfatizaron que la igualdad y la no discriminación son principios rectores, y que las cesantías tuvieron un carácter discriminatorio hacia quienes ejercieron su derecho a la huelga.
Impacto en el conflicto gremial
La resolución también ordenó notificar a la Junta Electoral del Sindicato STIA, ya que el próximo 26 de septiembre se realizarán elecciones y los trabajadores deben contar con pleno ejercicio de sus derechos sindicales.
Desde el sector afectado, los empleados emitieron un comunicado donde calificaron las decisiones judiciales como “muy alentadoras” y remarcaron que constituyen un freno a la prepotencia patronal y a los efectos de la reciente Ley Bases, que, según ellos, debilitó el derecho constitucional de huelga.
Los trabajadores fueron patrocinados por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH).