2025-09-22

El Gobierno promulga la Ley de Emergencia en Discapacidad con suspensión por falta de fondos

El presidente Javier Milei promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad luego de la insistencia del Congreso, pero el decreto publicado en el Boletín Oficial establece que su aplicación queda suspendida hasta que se definan fuentes de financiamiento en el presupuesto nacional.

El Gobierno nacional promulgó la Ley N° 27.793 de Emergencia en Discapacidad, luego de que el Congreso de la Nación insistiera con su sanción luego del veto presidencial. Sin embargo, el decreto 681/2025 firmado por Javier Milei deja en claro que la norma no se aplicará hasta que se incorporen partidas específicas en el presupuesto, lo que en la práctica significa que su ejecución queda suspendida.

La Ley de Emergencia en Discapacidad declara la emergencia nacional en esta materia hasta diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. Entre sus puntos principales, la norma contempla:

  • Creación de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social.
  • Incorporación automática de beneficiarios al Programa Incluir Salud.
  • Actualización mensual de aranceles para el sistema de prestaciones básicas.
  • Compensación económica de emergencia a los prestadores del sistema de discapacidad.
  • Incentivos fiscales para empleadores que contraten personas con discapacidad.


Impacto económico

El Poder Ejecutivo estimó que la implementación de la ley implicaría un gasto superior a los $3 billones, lo que representa un 0,35% del PBI. El financiamiento, según advirtió el Gobierno, no fue previsto por el Congreso, lo que genera un conflicto de viabilidad fiscal.

Además, el decreto firmado por Milei señala que la norma solo podrá aplicarse cuando el Congreso apruebe las partidas presupuestarias necesarias.

Una disputa política y social

La promulgación en medio de la suspensión reaviva la disputa entre el Gobierno y el Congreso, mientras que las organizaciones de personas con discapacidad reclaman la plena implementación de la ley por su importancia en la garantía de derechos y en la continuidad de prestaciones básicas de salud y asistencia social.

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