29 procesados de dos grupos económicos por millonario lavado de dinero en Mar del Plata
Ell Juzgado Federal N°1 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Inchausti, procesó, sin prisión preventiva, a 29 personas que integrarían la estructura de dos grandes grupos financieros acusados de operar como "bancas de hecho" y facilitar el lavado de activos millonario en Argentina y el exterior.
La resolución, emitida el 25 de septiembre a partir del requerimiento de la fiscal federal Laura Mazzaferri y el titular de la PROCELAC, Diego Velasco, apunta directamente a los grupos liderados por las firmas Jonestur y Transcambio.
Las imputaciones principales son por asociación ilícita, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. Como medida cautelar, el juez dispuso embargos que alcanzan sumas entre los $10.000 millones y $50.000 millones de pesos a los bienes de los procesados.
Los Grupos Económicos Bajo la Lupa
La investigación federal, que se remonta a 2014, logró desarticular el andamiaje societario que operó durante más de una década al margen de los organismos de control (como el Banco Central), canalizando fondos ilícitos a través de la utilización de complejas sociedades offshore.
El fallo distinguió dos núcleos principales de imputados:
- Grupo Jonestur: Integrado por directivos y accionistas de García Navarro Ramaglio y Cía S.A., Jonestur Crediticia S.A. y García Navarro Hnos. S.R.L.
- Grupo Transcambio: Vinculado a Transcambio S.A., Anker S.A. y Transacciones Crediticias S.A.
El juez Inchausti determinó que los socios y directivos de mayor responsabilidad son considerados jefes de la asociación ilícita, mientras que otros operadores fueron incluidos como miembros. Cabe destacar que entre los procesados también figura personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires, acusados de actuar en connivencia con la estructura criminal para brindar cobertura.
Intermediación financiera no autorizada
Las casas de cambio involucradas, si bien realizaban la actividad lícita de cambio de divisas, ofrecían un menú de servicios financieros que las convertían en "bancas de hecho" no reguladas. Estas actividades ilegales incluían:
- Captación de fondos mediante la apertura de cajas de ahorro o cuentas corrientes internas.
- Operaciones de descuento de cheques y la oferta de préstamos.
- Administración e inversión de activos en fideicomisos y títulos públicos.
- El envío de fondos sin declarar al exterior a través de transferencias que lograban evadir los controles.
Estas maniobras, enmarcadas en el delito de intermediación financiera no autorizada, sentaron las bases para el servicio más grave: el blanqueo y ocultamiento de dinero proveniente de actividades ilícitas.
Vínculos con asociaciones delictivas
El contenido de referencia de la estructura procesada quedó expuesto al revelarse su participación en algunas de las causas de corrupción y narcotráfico más resonantes de la historia reciente argentina:
Caso Daniel Muñoz y la Trama de Corrupción
La investigación determinó que el Grupo Jonestur intervino en el lavado de activos de Daniel Muñoz, exsecretario privado del presidente Néstor Kirchner, implicado en la causa de los "Cuadernos". Se detectó que la estructura fue utilizada para la compra de un departamento de un millón de dólares en el condominio Turnberry Ocean Colony, a nombre del testaferro Sergio Todisco.
Conexión "Carbón Blanco" y Narcotráfico
El Grupo Transcambio (cuyos miembros, en parte, aparecen en los "Panamá Papers") proveyó soporte para la administración de dinero bajo instrucciones de Ricardo Gassan Saba, condenado en la causa conocida como "Carbón Blanco" por contrabando de cocaína a Europa.
El grupo habría utilizado estructuras fiduciarias, como el Fideicomiso "Rosa de los Vientos", para movilizar capitales vinculados al narcotraficante Carlos Salvatore.
La Pista Andorrana: El Congelamiento Millonario
Un punto clave que resalta la dimensión internacional del lavado es el rol de Banca Privada de Andorra (BPA). Desde 2015, la intervención de esta entidad por incumplimiento de normativas antilavado resultó en el congelamiento de cerca de 78 millones de dólares depositados en cuentas regenteadas por miembros de Jonestur. Este proceso penal culminó en un acuerdo con la fiscalía andorrana, afectando una parte significativa de ese dinero.
La gravedad del caso llevó a que el juez dictara la figura de autolavado para algunos procesados, es decir, el reciclaje de fondos obtenidos a través de los propios servicios delictivos prestados por cada grupo financiero. La decisión judicial dispuso la inhibición general de bienes a nivel nacional y extendió las medidas cautelares a nivel internacional sobre los activos detectados en territorio andorrano.
La reapertura de esta etapa del proceso se da luego de que la Corte Suprema de Justicia repusiera al juez Inchausti al frente de la causa el año pasado, revirtiendo decisiones previas de instancias superiores.