Desde Adum advierten que corre peligro el inicio del ciclo colectivo 2026 en la UNMDP
Desde ayer y hasta mañana inclusive, docentes universitarios de todo el país llevan adelante un paro total de actividades en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida, votada tras una encuesta federal, también busca visibilizar el deterioro salarial y presupuestario que atraviesan las universidades públicas.
En Mar del Plata, la Asociación de Docentes Universitarios (Adum) advirtió que, si el Gobierno no aplica la normativa sancionada por el Congreso, podría estar en riesgo el inicio del ciclo lectivo 2026.
La secretaria general electa de Adum, Abigail Araujo, destacó que la encuesta federal que impulsó el paro “demuestra que la universidad no se rinde” y que existe “voluntad de sostener medidas hasta que se cumpla la Ley”.
“Hay un reconocimiento del atraso salarial y presupuestario. Esto debe tratarse de manera retroactiva, para corregir el ajuste de 2024 y 2025, y de cara al debate del Presupuesto 2026”, explicó Araujo.
La dirigente remarcó además que “el aumento logrado por los trabajadores del Garrahan demuestra que luchar sirve”, y trazó un paralelismo entre las demandas del sistema de salud y las de la educación pública.
Advierten riesgo para el ciclo lectivo 2026
Desde Adum remarcaron que el conflicto universitario no se resolverá sin una respuesta concreta del Gobierno nacional. En ese sentido, adelantaron que ya se planifican nuevas medidas para el comienzo del primer cuatrimestre de 2026, en caso de persistir el incumplimiento.
“El reclamo es legítimo y apunta a garantizar un presupuesto acorde a las necesidades de la comunidad universitaria”, subrayó Araujo.
La Ley de Financiamiento Universitario
La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por amplia mayoría en el Congreso, establece mecanismos de actualización automática del presupuesto de las universidades nacionales, con el objetivo de evitar el desfinanciamiento de las instituciones y asegurar condiciones adecuadas para la docencia, la investigación y la extensión.
Sin embargo, el gremio denuncia que la normativa no se está aplicando y que, en consecuencia, las universidades no pueden sostener su funcionamiento normal ni garantizar salarios dignos.