El fiscal general Fernández Garello advirtió sobre la “violencia irracional” tras el caso en la Escuela Nº21

Los serios hechos ocurridos en la Escuela Primaria Nº21, ubicada en Leguizamón y Bolívar, en el barrio Jorge Newbery de Mar del Plata, siguen generando conmoción en la comunidad educativa y en toda la ciudad. Tras la denuncia por un presunto caso de abuso entre alumnos, se desencadenó una serie de episodios de violencia que incluyeron agresiones, daños a la institución y el incendio de la vivienda del menor señalado.

Para analizar la situación, el fiscal general Fabián Fernández Garello dialogó en Brisas Segunda Edición con el periodista Nicolás Galante, donde brindó detalles del estado de la investigación y cuestionó la reacción social desproporcionada que se vivió en las últimas horas.

Fernández Garello explicó que el presunto caso de abuso está siendo investigado por la Fiscalía de Menores, a cargo de Mariana Baqueiro, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Según indicó, el alumno señalado es inimputable por su edad, por lo que el abordaje debe ser estrictamente interdisciplinario.

“Este menor está lejos de ser punible. Lo que corresponde es análisis, seguimiento y acompañamiento. No podemos descartar que el chico necesite algún tipo de apoyo terapéutico”, sostuvo.

Sin embargo, el fiscal se mostró especialmente preocupado por la reacción que se produjo tras conocerse el hecho. Vecinos se presentaron en la escuela, agredieron verbalmente a docentes, arrojaron piedras y provocaron daños en el edificio escolar. Minutos más tarde, un grupo se dirigió a la vivienda del niño acusado y prendió fuego el domicilio, generando un episodio de extrema gravedad.

Una escalada de violencia que sorprendió incluso a los investigadores

El fiscal general describió la situación como “inexplicable e injustificable”, remarcando que la reacción colectiva no solo impidió el normal funcionamiento de la escuela, sino que afectó a trabajadores de la educación y a la propia familia del menor involucrado.

Los daños en la institución fueron significativos: vidrios rotos, piedras esparcidas, restos de neumáticos quemados y marcas de golpes en la puerta principal. En la salida de calle Leguizamón, por donde fue retirado el niño de 10 años durante los incidentes, se observaron piedras de gran tamaño que habían sido arrojadas hacia la escuela.

Horas más tarde, el conflicto escaló aún más cuando un grupo de personas incendió la vivienda del alumno señalado. Fernández Garello calificó el episodio como un acto de “violencia inusitada”.

“La justicia es la que debe actuar. No se puede tomar una represalia sin saber lo que ocurrió”

El jefe de los fiscales remarcó que es la justicia la que debe intervenir en situaciones que involucran a menores, y que actuar de manera impulsiva solo agrava los hechos.

“La justicia es la que tiene que actuar. No se puede decidir agredir a alguien sin saber si la persona cometió el hecho, sin conocer el alcance, y menos aún tomar represalias contra un menor inimputable”, señaló.

Fernández Garello aseguró que los actos de vandalismo sí son delitos punibles y que, de identificarse a los adultos responsables, podrían enfrentar cargos penales. En la causa por vandalismo hay mayores involucrados. Eso es punible. Dependerá de la prueba que se reúna y del reconocimiento de los autores”, explicó.

Redes sociales: un detonante peligroso

Uno de los aspectos que más inquieta a la fiscalía es la velocidad con la que se propagó la acusación en redes sociales, sin información verificada. “Esto se originó por un comentario en redes sociales que se amplificó y generó un ‘aquelarre’. Alguien dijo creer que había pasado algo y eso alcanzó para encender una reacción descontrolada”, indicó el fiscal.

Fernández Garello insistió en que, en casos que involucran a niños y adolescentes, la circulación de versiones sin sustento puede provocar daños irreparables, tanto para la investigación como para los propios menores.

Casi al cierre de la entrevista, el fiscal general reflexionó sobre la dimensión social del episodio. “Este episodio debe llevarnos a pensar. La violencia desatada escapa por completo al hecho inicial. Es una señal de alerta. Como sociedad debemos poder contener, esperar y dejar actuar a las instituciones”, concluyó.

Mientras continúan las tareas para determinar responsabilidades por los daños a la escuela y el incendio de la vivienda, la comunidad educativa busca retomar la actividad cotidiana en un clima de profunda preocupación.

La investigación penal juvenil seguirá su curso, pero el impacto social de lo ocurrido en la Escuela Primaria N.º 21 deja un fuerte mensaje sobre los riesgos de la desinformación, la violencia impulsiva y la vulnerabilidad de la infancia.