La Justicia autoriza a la SSN a iniciar la liquidación de Orbis Seguros
La Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial resolvió revocar la decisión de primera instancia y autorizar a la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) a asumir la liquidación forzosa de Orbis Compañía Argentina de Seguros S.A. La medida fue dictada esta semana, dando lugar a la apelación que había presentado el organismo de control.
El fallo se basa en los argumentos de la Fiscalía General, que advirtió problemas sustanciales en el proceso de liquidación voluntaria iniciado por la compañía. Según el dictamen, la aseguradora presentaba deficiencias de información, incumplimientos normativos y fragilidad patrimonial, elementos que ponían en riesgo la adecuada protección de los asegurados.
La Cámara sostuvo que, en materia de liquidaciones, el Estado debe contar con información “clara, íntegra y oportuna” para garantizar la transparencia del proceso. Aceptar un esquema que no cumpla con estos estándares implicaría, según el tribunal, una delegación impropia del interés público.
En este marco, la intervención de la SSN busca asegurar un procedimiento ordenado, transparente y orientado a salvaguardar los derechos de los asegurados, además de preservar la estabilidad del sistema asegurador.
Qué pasos seguirá ahora la Superintendencia
Tras el fallo, la SSN anunció que adoptará de inmediato las medidas correspondientes ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°19, Secretaría 38.
Una vez que el tribunal disponga los próximos pasos procesales —plazos, fechas, designaciones y etapas formales— la información será difundida a través de los canales oficiales del organismo.
Qué significa para los asegurados
Aunque aún falta la confirmación judicial de los procesos específicos, la liquidación forzosa implica la revisión completa de la situación patrimonial de Orbis Seguros, la verificación y ordenamiento de los créditos de asegurados y terceros, además de un marco de actuación supervisado por la Justicia y la SSN.
La medida se aplica en un contexto de fragilidad financiera detectada en la aseguradora, razón por la cual el Estado busca garantizar que el proceso se lleve adelante con máxima transparencia y bajo control estricto.