Venta callejera en Mar del Plata: UCIP alertó que afecta gravemente al comercio formal

La venta callejera y el avance del comercio informal en la vía pública vuelven a preocupar a los comerciantes en Mar del Plata. Desde la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) advirtieron que la ocupación irregular del espacio público no solo crece año a año, sino que perjudica de manera directa a los vendedores formales, especialmente en una etapa donde la actividad intenta recuperarse en un contexto económico complejo.

El tema fue abordado por Blas Taladrid, presidente de la UCIP, durante una entrevista con Eduardo Zanoli en el programa “Sonido” de Radio Brisas, donde expuso la preocupación del sector y describió un escenario que, según afirmó, “genera indignación” entre los comerciantes.

“Vemos que hay fraudes laborales, cuestiones impositivas, productos importados y muchos actores involucrados que deberían responsabilizarse por esta situación”, señaló Taladrid. Y agregó que el fenómeno se intensifica en determinadas épocas del año, cuando vendedores que llegan desde otras ciudades se instalan en puntos estratégicos del centro y zonas comerciales.

Competencia desleal y pérdida de ventas

Desde la UCIP remarcan que el comercio informal representa una competencia desleal para quienes pagan alquileres, impuestos, tasas municipales, servicios y salarios. “El comerciante que está en regla compite con alguien que no tiene ningún tipo de costo estructural y puede vender más barato”, explicó Taladrid.

Esta diferencia impacta de lleno en las ventas del comercio formal, que ve reducida su facturación mientras continúa afrontando obligaciones fiscales y laborales. “No se trata de una cuestión menor: hay locales que no llegan a cubrir gastos básicos y ven cómo, en la puerta o a pocos metros, se vende mercadería sin ningún control”, subrayó.

Puestos fijos y organización detrás del fenómeno

Uno de los puntos más sensibles que planteó el titular de la UCIP es que la venta callejera dejó de ser ocasional o artesanal. “Hoy se sabe cuáles son las zonas donde están los depósitos, se sabe que ninguno es realmente artesano. No hablamos de alguien que hace sahumerios con una producción limitada, sino de puestos fijos, con mercadería en volumen y siempre las mismas personas”, afirmó.

Además, sostuvo que existe una organización detrás de esta actividad, que se aprovecha de la falta de trabajo de muchas personas. “Hay una estructura que utiliza a quienes no tienen empleo, pero el problema es mucho más amplio y nadie se hace cargo”, remarcó.

El uso del espacio público y el reclamo vecinal

La ocupación del espacio público es otro de los ejes del conflicto. Desde la UCIP indicaron que han realizado múltiples reclamos por la situación en distintos puntos de la ciudad, entre ellos Plaza Rocha, donde vecinos y comerciantes manifiestan su malestar de forma reiterada.

“En esa plaza hay quejas constantes y, al mismo tiempo, funcionan entidades sociales o incluso sindicatos de vendedores ambulantes, que usan el espacio público casi como una oficina”, cuestionó Taladrid, al tiempo que señaló la contradicción que esto representa para quienes cumplen con las normas.

Robos y reventa de mercadería

La preocupación del sector comercial se agrava aún más con denuncias vinculadas a la reventa de mercadería robada. Según explicó Taladrid, comerciantes de la zona de San Juan han denunciado que productos sustraídos de sus locales terminan siendo revendidos en la vía pública, particularmente en sectores como Plaza Rocha.

“Eso genera un daño enorme. No solo se pierde por el robo, sino que después esa misma mercadería compite de manera ilegal con el comercio que fue víctima del delito”, expresó.

Pedido de controles y decisiones políticas

Desde la UCIP insisten en que el problema requiere decisiones políticas firmes y controles sostenidos en el tiempo. “No alcanza con operativos esporádicos. Hace falta una política clara que ordene el uso del espacio público y proteja al comercio formal”, sostuvo Taladrid.

En ese sentido, el dirigente remarcó que el reclamo no apunta contra las personas en situación de vulnerabilidad, sino contra un sistema informal que se consolida, crece y daña la economía local. “El comerciante quiere trabajar, invertir y sostener empleo. Pero así es muy difícil”, concluyó.