El Gobierno confirmó el cierre del ANDIS y su pase a Salud
El Gobierno nacional anunció este martes el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un organismo descentralizado creado en 2017. La confirmación llegó durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, a cargo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Según explicó el funcionario, la decisión forma parte de un proceso de reordenamiento del Estado, con el objetivo de “transparentar al infinito” el funcionamiento del área y reducir estructuras consideradas innecesarias.
Tal como detalló Adorni, la ANDIS dejará de existir en su formato actual y pasará a funcionar como una secretaría dentro del Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones. De este modo, todas las funciones vinculadas a discapacidad quedarán bajo la órbita sanitaria.
El actual interventor del organismo, Alejandro Vilches, será designado como secretario del área de Discapacidad, garantizando la continuidad administrativa durante el proceso de transición.
Desde el Ejecutivo remarcaron que el cambio no implica la eliminación de políticas públicas, sino una reorganización institucional con mayor control y criterios sanitarios en la toma de decisiones.
Garantías sobre pensiones y prestaciones
Uno de los puntos centrales del anuncio fue la aclaración oficial sobre las prestaciones. Adorni fue enfático al señalar que el cierre del ANDIS no implicará la baja de pensiones ni la interrupción de beneficios.
“Esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”, aseguró el jefe de Gabinete, buscando llevar tranquilidad a los beneficiarios y sus familias.
A la espera de la norma que oficialice la medida, el Gobierno adelantó que el cierre del organismo descentralizado implicará la eliminación de 16 cargos políticos, además de cambios en los mecanismos de control.
Un cambio de fondo en la política de discapacidad
El cierre del ANDIS marca un giro relevante en la forma en que el Estado nacional organiza la política de discapacidad. La absorción por parte de Salud busca centralizar decisiones, reducir burocracia y alinear las prestaciones con criterios médicos y sanitarios, en el marco del plan general de reforma del Estado impulsado por el Gobierno.