El Fuero de Menores de Mar del Plata se expresó sobre la baja en la edad de imputabilidad

Con el debate al rojo vivo sobre la baja en la edad de imputabilidad, desde el Fuero de Responsabilidad Juvenil de Mar del Plata brindaron un análisis en Radio Brisas. El fiscal Walter Martínez Soto, a cargo de esa dependencia judicial, destacó la necesidad de generar discusiones más profundas y de formar ciudadanos a los cuales "no los tiente el delito".

Según expresó el protagonista en el programa "Brisas Segunda Edición", "en Argentina ya estuvo vigente esa edad en cuanto a punibilidad, antes de la sanción del decreto de la dictadura, el 22.278".

"A veces no es muy atractivo hablarlo, pero la cuestión tiene que ver con la preocupación real que hay por la educación, la integración, la familia y un montón de cuestiones previas y que son preventivas al delito", consideró.

Según Martínez Soto, "bajar la edad de imputabilidad hace que tengamos una mirada sesgada y una respuesta meramente retributiva, como si eso fuera la panacea y todo se ordenaría. Si fuese tan así, con la sola existencia de la ley, todo el mundo la respetaría. Pero los adultos, que tienen un poco más de trayecto en la vida, ni siquiera respetan las normas de tránsito".

En ese marco, sostuvo que "esta cuestión de que haya una ley y que prevea una sanción dura, no implica de por sí que se vaya a cumplir. No hay un Estado de derecho presente que legitime la acción del Poder Judicial y ciertas normas de convivencia, por eso me preocupa".

"Si bien podría llegar a compartir (la visión) en un estado de shock, es algo que está solapando un real problema que hoy tiene la sociedad, algo que empezó hace mucho tiempo con la desintegración del sistema educativo".

El fiscal aclaró también que "podemos estar de acuerdo o no con ese sistema, porque es perfeccionable, pero lo cierto es que hubo una desintegración de la educación, una exclusión de los jóvenes en el sistema educativo, que derivó también en una política de consumo de sustancias prohibidas, como si fuera algo divertido o sin inconvenientes, como sucede con el consumo masivo de marihuana".

"Hoy vas con tus hijos a la plaza, ellos juegan en el arenero y al lado se están porreando. Esa es la puerta de entrada al delito desde otra dimensión, que tiene que ver con el tráfico de estupefacientes", analizó.

La falta de educación y la comparación con otros países

Para Martínez Soto, "esa falta de educación y esta proximidad al delito tomó más trascendencia. Aquellos que están robando hoy en Mar del Plata tienen Instagram y se muestran como trofeo, como quien aprobó una materia".

"Para aquel que hoy ya está involucrado en el delito, salir a un escruche o algo por el estilo tiene que ver con un trabajo, que le da mucho más beneficios en lo económico que a aquel que trabaja de sol a sol durante todo el mes, algo que también es preocupante", añadió.

No obstante, manifestó que "no puedo ser ciego y pensar que hay un sistema mejor. Estamos viviendo en un sistema capitalista bastante complicado y me parece que nos debemos un debate muchísimo más profundo, acerca de cómo es el trabajo y cómo se debe retribuir, más que el cambio de la edad".

"En psicología está demostrado que los jóvenes tendrán mejor acceso a la información y mayores medios, a través de internet y tecnología. Pero la biología sigue siendo la misma. A veces, ese exceso de información en jóvenes que no están psicológicamente formados los expone de una manera mucho más perjudicial que a un adulto", agregó.

Por otro lado, el fiscal precisó que "en los países vecinos hay un promedio de punibilidad de catorce años. Pero debemos pensar en los otros tópicos que nos reúnen como sociedad, como la redistribución en el trabajo, la educación, la facilidad a la información. Si nos comparamos con Uruguay, yo también quisiera tener la misma calidad de vida y la posibilidad de inserción social, cosa que no pasa en Argentina".

"Eso es traer un mensaje para que la gente lo adopte, porque obviamente está cansada. Yo he sido innumerables veces víctima de delito contra la propiedad, con un último hecho en octubre del año pasado, cuando me amenazaron armados en el fondo de mi casa".

Martínez Soto reflexionó que, para él, "sería fácil decir que bajemos la edad de imputabilidad, pero nos encontramos con el problema de que las agencias de promoción y protección de derechos del Poder Ejecutivo están completamente colapsadas".

"Les faltan medios materiales y humanos, y están trabajando en lugares completamente desurbanizados, donde la luz y la cloaca no existen; no hay una red de comunicación o de transporte público y la presencia policial se hace cada vez más difícil, por la proliferación del delito. Eso está a quince minutos de Mar del Plata", resaltó.

Un debate persistente y polémico

En un sentido general, Martínez Soto afirmó que los promotores de la baja en la edad de imputabilidad "no están viendo lo que está pasando hoy. Los operadores, que dependen del municipio y la Provincia, están que no dan más, y los sistemas educativos están cada día más pobres y ni siquiera pueden contener a los jóvenes. Tampoco les resulta atractivo instruirse".

Asimismo, analizó que "históricamente, en el reconocimiento de derechos, primero vinieron los hombres; luego las mujeres, y después vinieron los niños y los niños por nacer. Y ahora pareciera ser que el problema son los últimos a quienes se les reconocieron sus derechos: los niños".

"Hoy tenemos un grave problema de no poder dar respuesta. Si hoy hubiera un chico que cometiera un delito, pero que se entendiera que lo mejor sería que estuviera en la casa y no en la cárcel, no habría una pulsera electrónica para otorgarle, ni agencias que se dediquen a hacer el puente entre la escuela y el resto de la atención o terapia por consumo problemático", añadió.

En ese sentido, consideró que "la mejor forma de salir de esto es teniendo el recurso, como una obra social o una prepaga. Aquel que no tiene completamente nada y depende de la función del Estado está bastante complicado, porque los operadores también lo están. No hay forma de darle atención".

"La cárcel se torna como un depósito de personas que están esperando que les abran la reja. Van a salir igual, y por eso la solución no es más cárceles, sino más educación y más inclusión: construir un ciudadano responsable y que quiera vivir en paz, y no que lo tiente el delito", finalizó el fiscal Walter Martínez Soto.