El Gobierno pide que Milagro Sala cumpla su condena en la cárcel
El Gobierno nacional reiteró ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pedido para que Milagro Sala deje el régimen de prisión domiciliaria y cumpla su condena en una cárcel, tal como ocurre con el resto de las personas condenadas por delitos penales en el país.
La solicitud fue presentada por la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, que pidió el cese de la medida dispuesta por el tribunal internacional en 2017, mediante la cual la dirigente jujeña cumple prisión domiciliaria desde hace casi una década.
Según el comunicado oficial, el Estado argentino considera que Milagro Sala, exlegisladora provincial y líder de la organización barrial Túpac Amaru, debería cumplir su condena de manera efectiva en una unidad penitenciaria. La dirigente registra una condena firme a 15 años de prisión, además de inhabilitación absoluta, por delitos vinculados a asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas.
Desde el Ministerio sostienen que el régimen de prisión domiciliaria se transformó en un beneficio excepcional que no se condice con la gravedad de los delitos por los cuales fue condenada ni con el principio de igualdad ante la ley.
El Gobierno también rechazó las denuncias de “hostigamiento judicial” formuladas por la defensa de Sala ante organismos internacionales. En su presentación, el Estado aportó documentación que —según indicó— demuestra que la dirigente incumplió las condiciones de la prisión domiciliaria, al modificar su lugar de detención sin autorización judicial.
De acuerdo con la información oficial, ese cambio de domicilio activó alertas del sistema de monitoreo electrónico, lo que derivó en medidas de verificación previstas por la legislación vigente. Para el Gobierno, presentar esos controles como hostigamiento implica distorsionar los hechos y buscar sostener un trato diferencial.
En el comunicado, el Ministerio de Justicia afirmó que la Argentina cumple con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, pero remarcó que estos no deben utilizarse para garantizar impunidad ni para otorgar privilegios a personas con condena firme.