FOPEA expresa su rechazo a la Oficina de Respuesta Oficial
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó su profunda preocupación y rechazo ante la creación de la cuenta denominada “Oficina de Respuesta Oficial”, promovida desde la Presidencia de la Nación en la red social X. Según el anuncio oficial, el objetivo de esta iniciativa sería “desmentir activamente la mentira” y “dejar en evidencia operaciones”, una formulación que, para la organización periodística, abre serios interrogantes institucionales.
Desde FOPEA advierten que el Gobierno no puede erigirse como un “tribunal de la verdad”, ya que esa pretensión resulta incompatible con los principios básicos de una sociedad democrática y con el ejercicio pleno de la libertad de expresión.
La organización recordó que el Artículo 1 de su Código de Ética establece que el compromiso primordial del periodismo es la búsqueda de la verdad, a partir del rigor profesional, el chequeo de la información, la pluralidad de fuentes y la honestidad intelectual. En ese marco, subrayó que la verdad periodística no surge de la imposición de un dogma ni del ejercicio del poder estatal.
El periodismo, remarcan, no define verdades absolutas desde una posición de autoridad, sino que aporta información verificada para que la ciudadanía forme su propio juicio. Por eso, la idea de una verdad oficial indiscutible promovida desde el Estado entra en colisión directa con la esencia de una sociedad libre y plural.
Riesgos institucionales y uso de recursos públicos
La organización advirtió sobre la gravedad institucional que implica la creación de un dispositivo estatal orientado a vigilar, señalar o deslegitimar discursos críticos. En ese sentido, resultó especialmente alarmante que la iniciativa haya sido difundida desde la cuenta oficial de Prensa de la Presidencia, lo que confirma, según FOPEA, el uso de una estructura oficial y recursos públicos para cumplir ese fin.
Desde la entidad señalaron que este tipo de acciones pueden derivar en la estigmatización del disenso, del trabajo periodístico crítico y del debate público, pilares fundamentales de la vida democrática.
FOPEA contextualizó su rechazo en un escenario más amplio, marcado por restricciones al acceso a la información pública. Entre los ejemplos mencionados se encuentran modificaciones por decreto a la Ley de Acceso a la Información Pública, la ausencia de conferencias de prensa regulares y la falta de una vocería presidencial activa.
Para la organización, este conjunto de decisiones contradice el deber del Estado de garantizar transparencia, facilitar el acceso a las fuentes oficiales y promover el control ciudadano de los actos de gobierno.
A lo largo de sus 23 años de vida institucional, FOPEA ha manifestado su preocupación frente a iniciativas similares impulsadas por distintos gobiernos. El argumento central, sostienen, se mantiene inalterable: el Estado debe garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información pública, no auditar el discurso social ni hostigar a quienes ejercen el periodismo.
Si bien reconocen que el periodismo debe estar expuesto a la crítica, advierten que ninguna autoridad oficial puede clausurar el debate público ni arrogarse la potestad de definir qué es verdad y qué no, ya que eso debilita la rendición de cuentas y erosiona la calidad democrática.