Condenaron a 18 años de prisión a un exjuez federal de Mendoza como jefe de una asociación ilícita
El Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza condenó al exjuez federal Walter Bento a 18 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua y al pago de una multa superior a los $540 millones, tras hallarlo culpable de liderar una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos.
La pena fue anunciada luego de la audiencia de cesura, tras un juicio oral que se extendió durante dos años y medio. El martes previo, el tribunal ya había declarado culpable al extitular del Juzgado Federal N°1 de Mendoza, al considerar probado que desde al menos 2007 encabezó una estructura criminal que comercializaba resoluciones judiciales.
Según el fallo, Bento utilizó su investidura judicial para dictar resoluciones ilegítimas —excarcelaciones, morigeraciones de prisiones preventivas, sobreseimientos o recalificaciones— a cambio de coimas en dólares, inmuebles, vehículos y otros bienes.
La jueza Gretel Diamante fue contundente al dar a conocer el veredicto:
“Fue el jefe de una organización criminal que convirtió la función pública en una mercancía y lesionó la confianza pública en la administración de justicia”.
El tribunal —integrado por Diamante, Eliana Rattá y María Carolina Pereira— destacó que Bento ocupó un rol “central y excluyente”, ya que era quien tenía el poder decisorio final sobre las causas.
De acuerdo con lo acreditado por el Ministerio Público Fiscal, el monto de los sobornos percibidos por la organización superó los 1,7 millones de dólares, además de múltiples bienes obtenidos mediante maniobras de ocultamiento patrimonial.
Cómo funcionaba la asociación ilícita
La investigación reconstruyó un esquema complejo liderado por Bento, integrado por:
- Abogados intermediarios, que negociaban y cobraban los sobornos.
- Personas con vínculos en fuerzas de seguridad, que facilitaban las maniobras.
- Familiares directos del exjuez, involucrados en el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito.
El mecanismo se activaba cuando personas imputadas —principalmente por narcotráfico, contrabando o lavado de activos— buscaban mejorar su situación procesal. A través de intermediarios, se ofrecía un “arreglo” con el magistrado para obtener beneficios judiciales ilegales.
La investigación se inició en 2020, tras la muerte de Diego Aliaga, despachante de aduanas e informante policial, señalado como uno de los intermediarios clave. Los contactos telefónicos frecuentes entre Aliaga y Bento, sumados a mensajes hallados en el celular de Walter Bardinella Donoso, resultaron pruebas determinantes para acreditar el funcionamiento de la organización.
Condenas, decomisos y penas a familiares
Además de la condena a Bento, el tribunal ordenó el decomiso de bienes del patrimonio familiar, que incluyó ocho inmuebles, siete locales comerciales y tres vehículos.
Entre los condenados se encuentran su esposa y uno de sus hijos.
En total, 16 personas recibieron condenas, entre ellas abogados, policías y personas vinculadas a delitos complejos. El tribunal, no obstante, declaró prescriptos algunos hechos vinculados a abuso de autoridad y prevaricato, por un planteo parcial de la defensa.
Un fallo con impacto en la credibilidad del Poder Judicial
Durante los alegatos, la fiscal general María Gloria André sostuvo que el accionar del exmagistrado provocó un “grave daño a las instituciones”, mientras que el fiscal Diego Velasco remarcó como agravante la formación especializada de Bento en materia financiera.
El fallo marca un precedente relevante en causas de corrupción judicial, al dejar en claro que el uso del poder estatal para fines delictivos será sancionado con el máximo rigor.