El fiscal Yanez Urrutia advierte que la sociedad pide bajar la edad de imputabilidad pero eso no resolverá la inseguridad

El fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Marcelo Yanez Urrutia, se refirió en diálogo con Radio Brisas a la media sanción en Diputados del nuevo Régimen Penal Juvenil y al debate que aún continúa abierto en el Congreso.

Según planteó, existe una intención política clara de que la ley sea aprobada, tanto desde el oficialismo como desde la oposición. En ese marco, consideró que los cambios centrales del proyecto se concentran en dos aspectos puntuales.

Por un lado, la modificación en la edad de imputabilidad. Por otro, la fijación de un tope en las penas para adolescentes. “Esos serían los dos puntos más importantes; el resto ya se venía trabajando”, señaló.

Yanez Urrutia fue categórico al afirmar que la baja de edad de imputabilidad no solucionará el problema de la inseguridad. A su entender, el cambio normativo implica que menores que antes no eran penalizados ahora sí lo serán, reemplazando medidas alternativas por procesos judiciales formales.

Explicó que, con el nuevo régimen, un chico de 14 años que cometa un homicidio ya no atravesará una instancia de evaluación para determinar qué lo llevó a actuar así, sino que será procesado de manera similar a un joven de 16 o 17 años: llevado a juicio y eventualmente condenado.

Además, se estableció que los adolescentes de entre 14 y 17 años no podrán recibir penas superiores a 15 años de prisión, independientemente del delito cometido. “Se fijó un tope, no importa el tipo de delito que sea”, detalló.

El fiscal también expresó su sorpresa porque no se esté discutiendo qué ocurre con los menores de 14 años, un segmento etario que —según indicó— queda fuera del foco del debate actual.

Falta de recursos y escepticismo sobre la aplicación

Más allá de la discusión legislativa, Yanez Urrutia se mostró escéptico respecto de la implementación efectiva del régimen. Si bien la Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución Nacional ya contemplan la necesidad de lugares especializados para la detención de menores, la realidad es que no existen suficientes espacios adecuados.

“Hay muy pocas plazas y no conseguimos ni siquiera que haya un psiquiatra”, remarcó. También advirtió que muchos de estos adolescentes presentan problemas de consumo de drogas y no cuentan con atención médica suficiente, ni siquiera para el ingreso a los centros especializados.

En ese sentido, expresó su deseo de que la ley venga acompañada de presupuesto: “Ojalá esta ley traiga recursos para que todo sea más fluido en materia de encierro y detención”.

El fiscal consideró además que la sociedad impulsó la baja de edad porque busca ver a los menores encerrados, aunque calificó esa situación como lamentable.

“Falló el Estado en la prevención”, sostuvo, y añadió que tampoco existen equipos especializados suficientes para trabajar con jóvenes en libertad, lo que provoca que el sistema fracase reiteradamente.

Por último, indicó que "los fiscales seguiremos trabajando igual. A nosotros, no nos da ni quita nada en nuestro trabajo cotidiano. Seguiremos trabajando con la  misma falta de recursos".