Denuncia penal a Caputo por el manejo del IPC y el INDEC
Diputados del bloque Unión por la Patria presentaron una denuncia penal contra el ministro de Economía Luis Caputo, a quien acusan de una serie de delitos vinculados al manejo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y al funcionamiento del INDEC. La presentación judicial fue realizada por la diputada Julia Strada, junto a los legisladores Germán Martínez y Paula Penacca, y apunta a presuntas irregularidades que, según sostienen, afectan la independencia técnica del organismo estadístico nacional.
De acuerdo con el escrito, la denuncia penal imputa a Caputo por violación de los deberes de funcionario público, violación de secretos y deberes de confidencialidad, falsificación de documentos públicos y violación del secreto estadístico, delitos contemplados en distintos artículos del Código Penal y en la ley 17.622 que regula el Sistema Estadístico Nacional. Los diputados sostienen que estas conductas configuran un uso indebido de las facultades del cargo y un avance político sobre un área que debe regirse por criterios estrictamente técnicos.
Uno de los ejes centrales de la denuncia es la decisión del ministro de mantener un cálculo del IPC basado en componentes desactualizados, a pesar de que el INDEC había resuelto en octubre de 2025 implementar una nueva metodología a partir de enero de 2026. Según los legisladores, Caputo ordenó postergar la aplicación del nuevo índice con el objetivo de evitar que la recomposición tarifaria tuviera un impacto pleno en los precios al consumidor, lo que —afirman— constituye un abuso de autoridad y una violación directa a la normativa vigente.
El escrito advierte que esta decisión no es meramente técnica, sino que genera graves consecuencias sociales, económicas y políticas, ya que el IPC incide de manera directa en la actualización de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales, en las negociaciones paritarias del sector público y privado, en contratos, políticas monetarias y en la credibilidad general de los indicadores económicos del Estado. Estas consecuencias, remarcan, fueron detalladas también en un pedido de interpelación al ministro presentado ante el Congreso de la Nación, en el marco del artículo 71 de la Constitución Nacional.
Otro punto clave de la denuncia penal contra Caputo está vinculado a la difusión anticipada de información sensible. Según los diputados, el ministro publicó un mensaje en la red social X en el que reconoció diferencias entre las metodologías de cálculo del IPC y adelantó el resultado correspondiente a enero de 2026 antes de que el INDEC lo informara de manera oficial. Para los denunciantes, este hecho constituye una clara violación del secreto estadístico, protegido por los artículos 13 y 17 de la ley 17.622.
Los legisladores describieron que el IPC es uno de los indicadores económicos más relevantes del país, ya que impacta de forma directa en la vida cotidiana de millones de personas y en decisiones estratégicas del Estado y del sector privado. Por esa razón, el marco jurídico argentino establece garantías específicas para preservar la independencia técnica del INDEC y prohíbe cualquier interferencia política en la producción, validación y difusión de los datos oficiales.
En ese contexto, desde Unión por la Patria señalaron que la denuncia no solo busca determinar responsabilidades penales, sino también defender la credibilidad del sistema estadístico nacional y evitar que los indicadores económicos sean utilizados como herramientas de conveniencia política. “Tenemos la responsabilidad institucional de velar por el cumplimiento de la ley y por la transparencia de los datos públicos”, remarcaron.