Ferraro cuestiona cambios en la ley de glaciares
El presidente de la Coalición Cívica y diputado nacional, Maximiliano Ferraro, se pronunció en la antesala del tratamiento legislativo que busca modificar la ley de glaciares, y anticipó que exigirá la convocatoria a una audiencia pública federal antes de avanzar con cualquier cambio.
El planteo fue realizado en el marco de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, donde se analizará la media sanción que introduce modificaciones al régimen vigente.
Ferraro sostuvo que cualquier reforma a la ley de glaciares debe respetar los mecanismos de participación ciudadana previstos en la normativa ambiental y en la Constitución. En ese sentido, remarcó la necesidad de cumplir con el artículo 41 de la Constitución Nacional Argentina, que establece el derecho a un ambiente sano y el deber de preservarlo.
También citó la Ley General del Ambiente, especialmente en lo referido a los principios de prevención, participación y acceso a la información, así como el Acuerdo de Escazú, que garantiza mecanismos de acceso a la información y participación pública en asuntos ambientales.
Según el legislador, resulta “imprescindible” garantizar una instancia de participación amplia, plural y efectiva, especialmente cuando se trata de una norma que establece presupuestos mínimos ambientales.
Qué está en juego con la ley de glaciares
La ley de glaciares regula la protección de estas reservas estratégicas de agua dulce y limita determinadas actividades en zonas periglaciares. Se trata de un régimen que impacta directamente en:
- La preservación de recursos hídricos estratégicos
- Las competencias entre Nación y provincias
- La seguridad jurídica de inversiones futuras
Ferraro advirtió que cualquier modificación debe contemplar la complejidad del sistema federal argentino, dado que muchas provincias poseen territorios cordilleranos con actividad minera y proyectos productivos en análisis.
El diputado planteó que sin una discusión pública federal podrían generarse tensiones institucionales y conflictos judiciales, especialmente si se afectan competencias interjurisdiccionales.
Impacto político y escenario legislativo
El debate se da en un contexto de fuerte discusión sobre el alcance de las normas ambientales y el equilibrio entre desarrollo productivo e inversión y protección de ecosistemas estratégicos.
El referente de la Coalición Cívica anticipó que su espacio insistirá en que el proceso legislativo respete los estándares constitucionales e internacionales vigentes. La convocatoria a una audiencia pública podría convertirse en un punto central de negociación antes de que el proyecto avance en el recinto.