Reiteran rechazo a una torre de 35 pisos y suman denuncia: "Vamos a llegar hasta la última instancia judicial"
Las organizaciones Mirada Ciudadana y Surfrider Foundation y ciudadanos que los acompañan en esta causa volvieron a rechazar el proyecto de una torre de 35 pisos en la zona de Aristóbulo del Valle y Falucho y anticiparon que, aún cuando acaban de tener un fallo adverso en su reclamo, llegarán “hasta la última instancia judicial” que no se avance con esa construcción.
“El levantamiento de la medida cautelar por parte de la Cámara de Apelaciones no implica un juicio terminado”, afirmó la abogada Soledad Arenaza, representante legal de estas entidades que en diálogo con Radio Brisas afirmó que tienen más elementos y pruebas para sumar en este proceso y que fundamentan irregularidades de los desarrolladores que están al frente de esta iniciativa.
Ambas organizaciones convocaron a una conferencia de prensa y allí plantearon que si bien en primera instancia un juez atendió su planteo y puso en pausa este proyecto, en segunda instancia se acaba de atender el planteo de quienes pretenden construir esta edificación sin afectar un inmueble histórico que existe allí, más conocido como La Robla.
“Estamos convencidos que nos asiste la razón, el derecho y la comunidad que presentó firmas, oponiéndose a este proyecto”, dijo Arenaza y acusó a la firma Paisajes Urbanos y sus miembros, entre los que mencionó a Florencia Miconi y Jerónimo Mariani.
“Intentan crear un sentido común que Mar del Plata debe ser reinventada como eufemismo de negocios inmobiliarios como el de La Robla”, afirmó la profesional y cuestionó que se haya habilitado desde el municipio un desarrollo de 30.000 m2 donde solo se permitirían 5.800.
En esta denuncia ante los medios advirtieron que hay “un uso abusivo” del Código de Ordenamiento y recordó que, tal como han planteado en la causa judicial, la declaración de impacto ambiental que sustenta la aprobación del proyecto de esta torre fue realizado por una profesional que es pareja de un funcionario municipal del actual gabinete. “Esa relación consta en la causa judicial”, remarcó Arenaza.
Como consecuencias probables de la eventual construcción de esta torre se anticipa un cono de sombra de 463 metros sobre playa y cinco manzanas del barrio Stella Maris. “Todo a cambio de 196 propietarios con vista al mar y restablecer La Robla con 75 millones de dólares”, apuntó.
Anticipó que volverán a la justicia con más elementos que se sumaron con posterioridad a la medida cautelar que había atendido el reclamo. Enumeró, entre otras fallas, que en pedido de aprobación no hay escritura ni título de propiedad de quienes piden autorización, el cómputo de indicadores está hecho en base a una ficción y no intervino la Comisión Honoraria de Preservación Patrimonial.
Sumó como hecho grave que uno de los arquitectos de la fundamentación urbanística del proyecto es Ricardo Rodríguez, que no está matriculado en la provincia de Buenos Aires y está constatado. “Lo denunciamos desde Mirada Ciudadana”, remarcó. La causa penal, aseguró Arenaza, quedó a cargo del fiscal Leandro Arévalo.