Procesan por trata de personas a líder narco que obligaba a pareja de jóvenes a vender droga en Mar del Plata
Un hombre señalado como líder de una organización narcocriminal fue procesado por el delito de trata de personas agravada, además de las imputaciones vinculadas al narcotráfico, en una causa que investiga el funcionamiento de un punto de venta de cocaína en Mar del Plata.
La decisión fue adoptada por el juez de Garantías Santiago Inchausti, a partir de la investigación encabezada por el fiscal Santiago Eyherabide.
Según la reconstrucción judicial, el acusado captó a una pareja de jóvenes mediante una propuesta laboral falsa, en la que prometía vivienda y trabajo. Sin embargo, al llegar a la ciudad, las víctimas habrían sido obligadas a permanecer dentro de una vivienda las 24 horas, dedicadas exclusivamente a la comercialización de estupefacientes.
Durante los allanamientos realizados en marzo de 2025, ambos jóvenes fueron encontrados con una balanza y cocaína lista para la venta, en lo que inicialmente fue interpretado como parte de la logística delictiva.
No obstante, el avance de la investigación permitió detectar indicios de que se trataba de personas sometidas a explotación.
Control absoluto, amenazas y ausencia de pago
La fiscalía sostuvo que las víctimas estaban sometidas a un “control absoluto”, en un contexto permanente de amenazas, vigilancia y restricciones a su libertad. De acuerdo con los elementos reunidos, existía una apropiación total del tiempo de los jóvenes, quienes debían estar disponibles las 24 horas para la venta de droga.
Además, se constató la retención de ingresos, la ausencia de una contraprestación real y la vulneración de su intimidad, lo que configuró un cuadro compatible con reducción a la servidumbre y trabajo forzoso.
La investigación también reveló que los responsables de la organización les suministraban periódicamente cantidades de droga para su comercialización al menudeo, utilizándolos como fachada para evitar exponerse directamente.
En ese marco, el juez amplió el procesamiento el 13 de enero pasado, al considerar acreditados los delitos de captación, traslado y acogimiento con fines de explotación, agravados por el uso de engaño, amenazas y abuso de vulnerabilidad. Además, dispuso un embargo de 100 millones de pesos sobre el imputado.
Un caso que redefine la trata en contextos delictivos
El expediente incorporó la intervención de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y de la Coordinación Nacional de Rescate, que entrevistó a las víctimas tras su liberación en abril de 2025.
Uno de los aspectos más relevantes del caso es el enfoque jurídico adoptado: la fiscalía entendió que la explotación no se limita a actividades lícitas, sino que también puede configurarse cuando una persona es obligada a realizar actividades ilícitas, como la venta de drogas, bajo coerción.
En ese sentido, el fiscal Eyherabide citó la Ley 26.842, que contempla como explotación el trabajo forzoso o la servidumbre, y retomó la definición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que considera trabajo forzoso a toda tarea realizada bajo amenaza y sin consentimiento voluntario.
Para el Ministerio Público Fiscal, visibilizar estas prácticas permite diferenciar claramente entre víctimas y victimarios dentro de las organizaciones criminales, y mejorar la persecución del narcotráfico al desarticular sus estructuras.