Provincia pide que la Defensoría del Pueblo intervenga ante la licitación de rutas nacionales
La provincia de Buenos Aires pide que la Defensoría del Pueblo intervenga en el proceso de licitación para la concesión de rutas nacionales. El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, realizó una presentación ante el Ministerio de Economía de la Nación por supuestas irregularidades.
Puntualmente, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos (MISP) y la empresa Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), el Ejecutivo provincial denunció irregularidades en el proceso de la licitación pública, nacional e internacional, de la Red Federal de Concesiones - Etapa II, que contempla la administración y concesión de 1800 km de rutas nacionales en el territorio bonaerense.
En ese sentido, Katopodis realizó hoy una presentación en la que solicita la designación de veedores, del Defensor del Pueblo de la Nación y del Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, a fin de garantizar la legalidad, objetividad, transparencia, imparcialidad y razonabilidad del procedimiento administrativo en curso.
“Por indicación de (el gobernador bonaerense) Axel Kicillof, AUBASA se presentó oportunamente en la licitación pública para la concesión de los tramos Sur - Atlántico - Acceso Sur que incluye la RN 3, 205, 226 y autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas de la provincia de Buenos Aires”, explicó Katopodis.
También aseguró que “ante la preocupación sobre la transparencia del proceso, hoy solicitamos al Ministerio de Economía de la Nación —bajo cuya órbita se lleva adelante esta licitación— la intervención de las Defensorías del Pueblo de la Nación y de la Provincia para que hagan de veedores y garanticen la transparencia".
"Venimos observando modificaciones y decisiones que marcan una arbitrariedad manifiesta en la asignación de concesionarios. Una semana antes, modificaron 33 de 34 artículos y cambiaron una contratación cuando ya estaba iniciada”, añadió.
El trasfondo del proceso
AUBASA se presentó como oferente para la gestión de los tramos Sur, Atlántico y Acceso Sur (renglón 1 de la licitación), que incluyen 1325 km de las RN 3, RN 205, RN 226 y las AU Ezeiza-Cañuelas y la AU Riccheri. El llamado a licitación se lanzó el 12 de noviembre de 2025; el 13 de febrero de 2026 se cumplió el plazo para la recepción de consultas y el 27 de ese mismo mes se llevó a cabo el primer acto de apertura de las ofertas presentadas.
Dentro de las fechas mencionadas y sobre la marcha del proceso, según Provincia, el Gobierno Nacional emitió cuatro circulares con modificaciones y nuevas exigencias que no figuraban en el pliego original.
Entre ellas, en la Circular Modificatoria Sin Consulta N°2 publicada el 6 de febrero de 2026 (siete días antes de la fecha para recibir consultas), se introdujeron cambios sustanciales en los requisitos de admisibilidad, como nuevas exigencias técnicas y económico-financieras, de documentación contable, de certificaciones y de perfiles profesionales.
Entre la publicación de esta circular y la fecha de presentación de ofertas (27 de febrero de 2026) transcurrieron solo doce días hábiles administrativos en los que las empresas interesadas debieron adecuarse a requisitos que hasta ese momento no existían en la licitación.
Además, el Gobierno provincial denunció que no se estableció una prórroga razonable para brindar las respuestas a las nuevas exigencias y que esto pudo haber afectado a la igualdad de condiciones entre oferentes y la previsibilidad del procedimiento.
Según remarcaron desde Provincia, AUBASA cumplió con todos los requisitos de los pliegos desde el inicio, sin omisiones, sin documentación faltante y sin perfiles inadecuados.
A pesar de eso, la Comisión Evaluadora le requirió a la empresa algunas aclaraciones respecto de aspectos que no eran exigidos en el pliego. Una de ellas tuvo que ver con la validación de su experiencia en la gestión de obras, ya que se alega que los trabajos presentados fueron realizados por terceros.
“AUBASA es la empresa mejor posicionada, cumplió todos los requisitos y tiene la capacidad de gestión para hacer las obras que eviten el deterioro de estos corredores y sostengan el desarrollo productivo de la provincia”, señaló Katopodis.
“Nuestro único objetivo es mantener las rutas en las mejores condiciones, con una tarifa adecuada y competitiva. Vamos a hacer un seguimiento estricto para garantizar a los usuarios y usuarias la correcta administración y adjudicación de este proceso”, concluyó.
AUBASA acredita más de quince años de gestión directa de rutas y autopistas con peajes en la provincia de Buenos Aires. Asimismo, entregó voluntariamente un estado contable intermedio que no era de presentación obligatoria para la empresa, dado que su cierre de ejercicio no superaba los seis meses anteriores a la apertura de ofertas de la licitación.
La postura de la Gobernación
En este contexto, desde la Provincia afirmaron que una eventual desestimación de la propuesta de AUBASA sería arbitraria y sin fundamento, teniendo en cuenta que es una de las empresas públicas que presenta mejores criterios de admisibilidad (en cuanto a estados contables, perfiles profesionales, metodologías de trabajo, en comparación con al menos seis de los otros nueve oferentes privados), a la vez que ofrece un servicio superador: tiene las tarifas más accesibles y lo que recauda lo invierte en obras.
La Provincia sostiene que, si continúan las irregularidades en la elección final, dejando afuera a AUBASA, impactaría en la transparencia y previsibilidad del proceso institucional y afectaría, sobre todo, a las personas usuarias, los sectores productivos y los municipios que necesitan corredores transitables, seguros y con mantenimiento eficiente.