El intendente Neme denunció una “mafia” detrás de la Feria de la Bristol y pidió medidas urgentes
El intendente de General Pueyrredon, Agustín Neme, presentó una denuncia penal para desarticular una presunta “mafia” vinculada a la denominada Feria de la Bristol, también conocida como “La Saladita”, ubicada en la Unidad Turística Fiscal Playa Bristol.
En la presentación ante la fiscalía, el jefe comunal solicitó medidas de investigación urgentes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades en torno a lo que describió como una estructura organizada que habría operado durante años en un espacio público municipal.
Según se detalla en el escrito, el predio funcionó durante aproximadamente 25 años bajo permisos precarios que se encontrarían vencidos, lo que abre interrogantes sobre la legalidad de su continuidad y explotación.
Sospechas de delitos y funcionamiento irregular
La denuncia plantea que detrás de la feria podría existir un entramado ilegal con posibles delitos vinculados a la explotación del espacio público, aunque no se descarta la participación de múltiples actores.
Desde el Ejecutivo local sostienen que el funcionamiento de la feria no solo habría carecido de la debida habilitación vigente, sino que también podría haber derivado en situaciones de informalidad, falta de control y presuntas maniobras irregulares.
En ese sentido, Neme pidió que la Justicia avance con una investigación integral que incluya la identificación de responsables, análisis de documentación y verificación de posibles ilícitos.
Pedido de intervención judicial inmediata
En la presentación, el intendente remarcó la necesidad de que la fiscalía actúe con celeridad y disponga medidas urgentes para esclarecer los hechos denunciados, en función del impacto que la situación tendría sobre el orden público y la administración de bienes municipales.
El objetivo, según se desprende del escrito, es poner fin a cualquier actividad ilegal y recuperar el control del espacio público, garantizando condiciones de legalidad y transparencia.
Mientras tanto, la causa quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, que deberá definir los pasos a seguir en función de las pruebas aportadas y las diligencias que considere pertinentes.