Kicillof participó de una audiencia por deuda millonaria de la Nación con Provincia
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó de una nueva audiencia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco del reclamo por una deuda superior a $2,3 billones que el Estado nacional mantiene con la administración bonaerense.
Se trató del segundo encuentro convocado por el máximo tribunal para avanzar en la demanda vinculada a fondos previsionales que la Nación, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), debe transferir a la provincia.
El conflicto se centra en la suspensión de transferencias obligatorias destinadas a las cajas de jubilaciones provinciales que no fueron transferidas al sistema nacional. Según explicó Kicillof, el monto acumulado asciende a $2,3 billones, una cifra que impacta de lleno en las finanzas provinciales.
“El compromiso logrado implica que el Ministerio de Economía de la Nación y ANSES deberán presentar una propuesta concreta de pago el próximo 10 de junio”, señaló el mandatario, remarcando que se trata de un reclamo sostenido desde hace más de dos años.
Un conflicto mayor: reclamos por más de $15 billones
Más allá de esta audiencia puntual, la Provincia mantiene ocho demandas abiertas ante la Corte Suprema, que en conjunto superan los $15 billones. Según detalló el gobernador, este monto representa aproximadamente un tercio del presupuesto provincial vigente.
Entre los principales puntos en disputa se encuentran:
- Fondos para seguridad (Fondo de Fortalecimiento Fiscal)
- Subsidios al transporte del interior
- Financiamiento educativo (FONID)
- Recursos para bosques nativos
- Eliminación del sistema de boleto integrado
- Restricciones fiscales y compromisos incumplidos
Este escenario configura un conflicto estructural entre Nación y provincias, con impacto directo en la gestión de servicios esenciales.
Contexto económico y tensión institucional
Kicillof también vinculó el reclamo con el contexto económico actual, al señalar que las políticas nacionales generaron una fuerte presión sobre las provincias y municipios.
En ese sentido, sostuvo que el recorte de fondos y las medidas económicas adoptadas contribuyeron a una mayor demanda social, complejizando la administración provincial.
La próxima audiencia o instancia relevante será el 10 de junio, fecha límite establecida por la Corte para que el Gobierno nacional presente una propuesta formal.