Juliana Santillán explicó el proyecto de Ley Hojarasca

La diputada nacional Juliana Santillán presentó públicamente los fundamentos del proyecto de Ley Hojarasca, una iniciativa que apunta a reducir la acumulación de normas obsoletas dentro del sistema jurídico argentino.

A través de un video difundido en redes sociales, la legisladora definió la propuesta como un proceso de “higiene institucional”, orientado a eliminar leyes que, según su visión, han perdido vigencia y generan complejidad innecesaria.

Según explicó, el Estado ha ido acumulando con el tiempo regulaciones que hoy funcionan como “fósiles jurídicos”, dificultando el funcionamiento del sistema y afectando la vida cotidiana de los ciudadanos.

Uno de los ejes principales del proyecto es la simplificación de la vida ciudadana. Santillán sostuvo que muchas leyes actuales generan confusión y exponen a las personas a incumplimientos involuntarios.

En ese sentido, la propuesta busca eliminar regulaciones innecesarias para facilitar el cumplimiento normativo.

Otro punto  es la necesidad de garantizar claridad en el sistema legal. La diputada remarcó que la superposición de normas contradictorias o desactualizadas debilita el Estado de derecho.

“La claridad es la madre de la justicia”, enfatizó, al explicar que un ordenamiento más simple fortalece la confianza institucional.

El tercer pilar está vinculado a la optimización de los recursos públicos. Según Santillán, mantener leyes que no se aplican implica un desgaste administrativo innecesario.

En este marco, el proyecto apunta a construir un Estado más ágil, moderno y eficiente, capaz de enfocarse en normas realmente vigentes.

Un debate con impacto político

La presentación de la Ley Hojarasca se da en un contexto de discusión más amplia sobre el rol del Estado y la necesidad de reformas estructurales.

Desde sectores afines al oficialismo, la iniciativa es vista como un paso hacia la modernización institucional. Sin embargo, desde la oposición advierten sobre posibles riesgos en la eliminación de normativas sin un análisis profundo de su impacto.

Santillán, por su parte, defendió el proyecto al señalar que no se trata de un retroceso, sino de una depuración necesaria para garantizar la libertad individual.