El Ejecutivo impulsa una reforma de la Ley de Salud Mental con foco en la prevención y la atención integral
El Gobierno nacional presentó en el Senado el proyecto de modificación de la Ley N° 26.657, que comenzará a ser analizado en las plenarias de las comisiones de Salud y de Legislación General. En la primera jornada informativa, la directora nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos, Liliana González, expuso los principales lineamientos de la iniciativa.
Según explicó la funcionaria, el proyecto surge tras recoger las opiniones de pacientes, familias, profesionales, organizaciones civiles y referentes de las 24 jurisdicciones, lo que permitió detectar que la ley actual presenta obstáculos que dificultan una respuesta adecuada en la práctica clínica diaria.
“La ley, tal como está planteada, no funciona adecuadamente y es necesario modificar ciertos artículos que impiden que los pacientes reciban un tratamiento oportuno”, sostuvo González ante los senadores.
Cambios en internaciones y criterios clínicos
Uno de los ejes centrales del proyecto es la modificación del criterio para las internaciones involuntarias. La iniciativa propone reemplazar el concepto de “riesgo cierto e inminente” por un criterio situacional, que contemple antecedentes y la evolución del paciente.
De acuerdo con González, este cambio permitirá anticipar intervenciones preventivas y evitar decisiones basadas únicamente en la urgencia del momento. “Tenemos que buscar los antecedentes y no basarnos en la foto del momento”, afirmó.
Además, el proyecto establece un rol más definido para el médico psiquiatra dentro del equipo interdisciplinario, especialmente en la evaluación de internaciones involuntarias. En situaciones de urgencia, se habilita la intervención de un médico clínico, que deberá ser revalidada en un plazo de 24 horas por un equipo especializado.
Nuevas definiciones y fortalecimiento del sistema
Otro de los cambios propuestos es el reemplazo del término “padecimiento mental” por “trastorno mental”, con el objetivo de precisar criterios diagnósticos y evitar errores en la práctica profesional. En los casos que no afecten el bienestar del paciente, se utilizará el término “afecciones”.
La iniciativa también incorpora nuevas herramientas para mejorar el seguimiento de los pacientes, como la evaluación interdisciplinaria antes del alta, la responsabilidad legal de los familiares en el acompañamiento y un control judicial durante seis meses para reforzar la adherencia a los tratamientos.
Por último, se plantea la ampliación de la red de atención, estableciendo que los hospitales generales atiendan casos leves, mientras que las instituciones especializadas se concentren en cuadros graves. El objetivo es optimizar los recursos y garantizar una atención adecuada según la complejidad de cada caso.
Con estas modificaciones, el Ministerio de Salud busca fortalecer la articulación del sistema y mejorar la calidad de las intervenciones en salud mental en todo el país.