El fiscal juvenil Martínez Soto alertó sobre violencia y amenazas escolares
En una extensa entrevista con Radio Brisas, el fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Walter Martínez Soto, realizó un profundo análisis sobre la situación actual de los jóvenes en conflicto con la ley, el aumento de episodios violentos en escuelas y el debate por la baja de la edad de imputabilidad.
Durante la charla, el funcionario judicial sostuvo que existe una creciente pérdida de referencia sobre las normas y la convivencia social.
“Estamos perdiendo la posibilidad de educar con conciencia ciudadana”, afirmó.
El fiscal remarcó que muchos adolescentes desconocen los límites legales y sociales, situación que, según explicó, se vincula con transformaciones culturales, educativas y familiares ocurridas en las últimas décadas.
Uno de los ejes centrales de la entrevista fue la investigación por las amenazas de tiroteos en establecimientos educativos de Mar del Plata.
Martínez Soto reveló que en un solo día llegaron a registrarse cerca de 40 causas vinculadas a mensajes intimidatorios en colegios.
Padres que entregaron a sus hijos
El fiscal destacó especialmente el rol de algunas familias que colaboraron con la investigación.
“Muchos padres llevaron prácticamente de la oreja a sus hijos a la comisaría”, señaló.
Además, confirmó que varios adolescentes quedaron procesados por el delito de intimidación pública y advirtió sobre las consecuencias judiciales y civiles que podrían enfrentar.
Debate por la baja de la edad de imputabilidad
El funcionario también se refirió a la reforma que reducirá la edad de imputabilidad a 14 años a partir de octubre.
Según expresó, la discusión legislativa fue insuficiente y no abordó en profundidad las implicancias psicológicas, educativas y sociales del problema.
“No alcanza con endurecer penas”
Martínez Soto consideró que el sistema penal juvenil no puede limitarse únicamente al castigo.
“El encierro no puede ser la única respuesta”, sostuvo.
En ese sentido, explicó que la justicia juvenil busca combinar sanciones con herramientas educativas, de integración y seguimiento interdisciplinario.
La crisis educativa y la pérdida de autoridad
Otro de los puntos más fuertes de la entrevista fue la crítica al sistema educativo actual y a la pérdida de autoridad en las escuelas.
El fiscal cuestionó los protocolos que, según indicó, muchas veces dificultan la intervención rápida ante situaciones graves dentro de los establecimientos.
Martínez Soto afirmó que numerosos adolescentes expresan desconocer las normas básicas de convivencia y legalidad.
“Hay jóvenes que directamente dicen: ‘No sabemos cuál es el límite’”, contó.
Además, sostuvo que la flexibilización de reglas escolares y la falta de formación ciudadana contribuyeron al deterioro del respeto por las instituciones.
El avance del delito en algunos barrios
Durante la entrevista, el fiscal describió con preocupación la realidad social de determinados sectores de la ciudad.
“En algunos barrios ganó la ley del delito”, advirtió.
Según explicó, existen jóvenes que logran sostenerse económicamente mediante actividades ilícitas y quedan completamente desvinculados de la escuela, el trabajo y los controles familiares.
También señaló que el narcotráfico barrial ejerce una fuerte influencia sobre adolescentes vulnerables.
El rol de la familia y del Estado
Martínez Soto remarcó que la principal contención debe comenzar en el ámbito familiar.
“La primera falla es la familia”, afirmó.
No obstante, también sostuvo que el Estado debe fortalecer la educación, la prevención y los espacios comunitarios para evitar que los jóvenes terminen captados por entornos delictivos.
En esa línea, destacó la importancia de clubes, sociedades de fomento y organizaciones barriales como herramientas de integración social.
“La justicia sola no alcanza”
Sobre el final de la entrevista, el fiscal dejó una reflexión sobre los límites de la intervención judicial frente a problemáticas sociales complejas.
Si bien defendió el trabajo del Fuero Penal Juvenil y el compromiso de fiscales, defensores y equipos interdisciplinarios, remarcó que la respuesta no puede recaer únicamente sobre el Poder Judicial.
“La prevención no depende solo de la justicia. Hay otras agencias del Estado que deben actuar antes”, concluyó.