Piden prisión perpetua para 16 exmilitares juzgados en Mar del Plata por delitos de lesa humanidad
El fiscal federal Santiago Eyherabide y la auxiliar fiscal María Eugenia Montero concluyeron este viernes su alegato en el tercer tramo del juicio por delitos de lesa humanidad conocido como Subzona 15, que investiga el funcionamiento de la estructura represiva bajo control operativo del Ejército en Mar del Plata y localidades de la región durante la última dictadura.
En ese marco, el Ministerio Público Fiscal solicitó prisión perpetua para los 16 acusados, todos exintegrantes de fuerzas armadas y de seguridad, por delitos cometidos contra 119 víctimas.
El debate oral comenzó en octubre de 2024 y se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. Inicialmente eran 20 los imputados, aunque uno falleció durante el proceso y otros tres fueron apartados por razones de salud.
La fiscalía también pidió la unificación de las condenas debido a que todos los acusados ya registran condenas previas por delitos de lesa humanidad dictadas por el mismo tribunal en otros procesos judiciales.
Acusaciones por secuestros, torturas y homicidios
Durante la exposición final, los representantes del Ministerio Público repasaron los delitos atribuidos a cada uno de los imputados y sostuvieron que quedó acreditado que las víctimas fueron privadas ilegalmente de su libertad en el marco de un plan represivo sistemático.
Según la acusación, las detenciones se realizaron sin órdenes judiciales válidas y estuvieron acompañadas por violencia, amenazas y el traslado de las víctimas a centros clandestinos de detención.
La fiscalía remarcó que los sobrevivientes describieron condiciones de cautiverio degradantes, tormentos físicos y psicológicos, incluyendo golpes, aplicación de electricidad, quemaduras, intentos de asfixia y otros métodos de tortura utilizados durante los interrogatorios.
Asimismo, sostuvo que los homicidios investigados formaron parte de una estructura organizada y planificada por integrantes del Ejército, la Armada, Prefectura y otras fuerzas de seguridad, actuando de manera coordinada bajo el terrorismo de Estado.
“Tanto los casos en los que se recuperaron restos como aquellos en los que las víctimas continúan desaparecidas deben calificarse como homicidios agravados”, argumentó la fiscalía durante el alegato.
Delitos sexuales: una práctica sistemática del terrorismo de Estado
Uno de los capítulos centrales del alegato estuvo dedicado a los delitos sexuales cometidos contra mujeres detenidas en centros clandestinos de detención.
La fiscalía sostuvo que la violencia sexual integró el plan represivo desplegado durante la dictadura y recordó que la jurisprudencia argentina reconoce estos hechos como delitos de lesa humanidad.
En este tramo del juicio, 12 de los acusados fueron señalados como responsables de violaciones y abusos sexuales ocurridos en distintos ámbitos de cautiverio, entre ellos la Base Naval Mar del Plata, la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM), domicilios allanados ilegalmente y la comisaría de Batán.
Durante el alegato, la auxiliar fiscal Montero destacó que las condiciones de detención impedían cualquier posibilidad de consentimiento por parte de las víctimas.
Según la acusación, los abusos se produjeron en contextos de absoluta vulnerabilidad, donde las propias autoridades encargadas de la custodia ejercían la violencia sexual como una herramienta más de sometimiento y persecución.
Concluidos los alegatos del Ministerio Público Fiscal, el proceso judicial avanza hacia las próximas etapas del debate, en las que se escucharán los planteos de las defensas antes de que el tribunal dicte sentencia.