Rodríguez cuestionó la incorporación de 18 buques poteros
El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, presentó un recurso de reconsideración ante el Consejo Federal Pesquero (CFP) para solicitar la revocación de la Resolución 6/2026, una medida que habilita la incorporación de hasta 18 nuevos buques poteros destinados a la captura de calamar (Illex argentinus).
La presentación también solicita que se suspendan los efectos de la resolución hasta que existan estudios científicos, técnicos y ambientales que permitan determinar si el aumento del esfuerzo pesquero resulta compatible con la conservación y sustentabilidad del recurso.
Uno de los principales argumentos expuestos por la Provincia de Buenos Aires se centra en la forma en que fue aprobada la iniciativa dentro del Consejo Federal Pesquero.
Según el planteo presentado por Rodríguez, el proyecto fue incorporado, debatido y votado durante una misma reunión, sin que los integrantes del organismo contaran con el tiempo suficiente para analizar la documentación necesaria. Desde la administración bonaerense sostienen que esta situación vulneró los mecanismos habituales de tratamiento de una medida de semejante relevancia para el sector pesquero.
Falta de estudios científicos
Otro de los ejes centrales del recurso apunta a la ausencia de información científica específica que justifique la ampliación de la flota dedicada a la pesca de calamar.
La Provincia argumenta que actualmente no existen evaluaciones concluyentes sobre el impacto que podría generar la incorporación de nuevas embarcaciones en los distintos stocks de calamar presentes en el Mar Argentino. Tampoco se habrían realizado análisis integrales que permitan estimar los riesgos asociados al incremento de la capacidad extractiva.
En ese contexto, Rodríguez advirtió que avanzar con una expansión de la actividad sin evidencia suficiente podría comprometer la administración sostenible de uno de los recursos pesqueros más importantes del país.
El recurso presentado invoca el principio precautorio, contemplado tanto en la Constitución Nacional como en la Ley General del Ambiente.
Este criterio establece que cuando existen incertidumbres científicas sobre posibles daños ambientales, las autoridades deben actuar con prudencia y priorizar la protección de los recursos naturales.
Desde el Gobierno bonaerense sostienen que la falta de información no puede utilizarse como fundamento para ampliar la explotación pesquera. Por el contrario, consideran que esa incertidumbre obliga a reforzar las medidas de conservación hasta contar con evidencia sólida.
El impacto sobre Mar del Plata y la pesca bonaerense
La resolución también generó críticas por el sistema de puntuación territorial utilizado para otorgar ventajas competitivas a los proyectos que aspiren a obtener nuevos permisos.
Según el planteo de Buenos Aires, el esquema beneficia a determinadas provincias patagónicas y coloca en una posición desfavorable a los emprendimientos vinculados al principal polo pesquero del país, concentrado en Mar del Plata.
Cómo se distribuyen los puntajes
De acuerdo con la normativa cuestionada, los proyectos recibirían:
- 30 puntos por desembarcar en Tierra del Fuego.
- 25 puntos por desembarcar en Santa Cruz.
- 20 puntos por desembarcar en Chubut.
- 15 puntos por desembarcar en Río Negro.
- 10 puntos por desembarcar en Buenos Aires.
La Provincia sostiene que esta diferencia carece de fundamentos técnicos y jurídicos que la justifiquen, y que obliga a las empresas radicadas en territorio bonaerense a realizar mayores inversiones para competir en igualdad de condiciones.
Buenos Aires ratificó su rechazo
Durante el tratamiento de la iniciativa en el Consejo Federal Pesquero, la representación bonaerense votó en contra de la propuesta. Ahora, mediante el recurso administrativo presentado por Javier Rodríguez, busca que la Resolución 6/2026 sea dejada sin efecto.
De manera subsidiaria, solicita que su aplicación quede suspendida hasta que se produzcan estudios científicos independientes que permitan garantizar la utilización racional de los recursos pesqueros, la preservación de los ecosistemas marinos y la sostenibilidad de la actividad en el largo plazo.
La discusión abre un nuevo capítulo en el debate sobre el equilibrio entre el crecimiento de la industria pesquera, la protección ambiental y la distribución de oportunidades entre las distintas provincias con participación en la actividad marítima argentina.