Mar del Plata aprobó la regulación de las plataformas de transporte tras un intenso debate

El Concejo Deliberante de General Pueyrredon aprobó la ordenanza que regula la prestación del servicio de transporte de pasajeros mediante plataformas digitales en Mar del Plata y Batán.

La iniciativa crea un Registro Municipal de Empresas de Tecnología de Movilidad y establece requisitos para conductores, vehículos y compañías que operen a través de aplicaciones. Entre otras exigencias, deberán contar con documentación habilitante, seguros específicos, licencia profesional y controles de seguridad.

El proyecto fue aprobado por mayoría con el voto negativo de Acción Marplatense - Movimiento Derecho al Futuro, Frente Renovador y Unión por la Patria, luego de un extenso debate en el que concejales de distintos bloques expusieron visiones contrapuestas sobre la regulación de una actividad que ya funciona desde hace años en la ciudad.

El presidente de la Comisión de Movilidad Urbana, Guido García (Coalición Cívica ARI), destacó que se trata de una discusión iniciada en 2022 y aseguró que la ordenanza busca brindar reglas claras a una realidad instalada.

"Estamos regulando una actividad que existe y que utilizan miles de vecinos. Era necesario generar un marco normativo que aporte seguridad, controles y previsibilidad", sostuvo.

Desde el oficialismo, Julián Bussetti (PRO) remarcó que la iniciativa es el resultado de años de trabajo y cuestionó a quienes rechazaron la propuesta.

"Lo digo claro y me hago cargo de lo que digo: fomentamos las aplicaciones de transporte en Mar del Plata. Lo que estamos haciendo ahora es darle un marco regulatorio", expresó.

Por su parte, Ariel Bordaisco (UCR + Nuevos Aires) consideró que el Concejo tenía la obligación de actualizar una normativa pensada para una realidad completamente distinta.

"Estamos discutiendo cómo adaptamos la ciudad a los cambios tecnológicos y a nuevas formas de movilidad que ya son utilizadas por miles de personas", señaló.

En la misma línea, Noelia Álvarez Ríos (La Libertad Avanza) sostuvo que el debate ya no pasa por la existencia de las plataformas sino por la necesidad de establecer reglas para su funcionamiento.

"La discusión no es si estas aplicaciones deben existir o no. La realidad demuestra que ya están presentes y que los vecinos las utilizan todos los días", indicó.

Desde la oposición, Horacio Taccone (Acción Marplatense - Movimiento Derecho al Futuro) reconoció que la actividad requería regulación, aunque cuestionó el contenido de la ordenanza aprobada.

"Las plataformas son una realidad y hay que regularlas, pero entendemos que esta es una mala regulación porque no resuelve los problemas de fondo ni deja conformes a los distintos sectores involucrados", afirmó.

El concejal Pablo Obeid (Unión por la Patria) aclaró que su bloque no se opone a la regulación de las plataformas digitales, aunque cuestionó el contenido de la ordenanza.

“Creemos que esta actividad debe ser regulada para garantizar seguridad, calidad del servicio y proteger el trabajo de los marplatenses. El problema es que esta ordenanza delega los controles en las empresas y no ofrece garantías reales de que las reglas se cumplan en la práctica”.

En tanto, Diego García (Unión por la Patria) expresó reparos respecto de los controles previstos y advirtió sobre las condiciones laborales de quienes trabajan mediante aplicaciones. "Nos preocupa que se avance en una regulación sin respuestas claras sobre fiscalización, protección laboral y responsabilidades empresariales", señaló durante el debate.

Entre los argumentos expuestos por quienes acompañaron la iniciativa se destacó la necesidad de brindar mayor seguridad jurídica, permitir la convivencia entre distintos sistemas de transporte y ofrecer más opciones a los usuarios.

En contraste, los bloques que votaron en contra advirtieron sobre posibles desigualdades respecto de taxis y remises, además de cuestionar la falta de mayores controles y garantías laborales.

Con la aprobación de la ordenanza, las empresas y conductores tendrán un plazo para adecuarse a la nueva normativa, mientras el Ejecutivo municipal deberá avanzar con la reglamentación correspondiente para poner en marcha el registro y los mecanismos de control.