Causa Jonestur: la Cámara Federal de Mar del Plata confirmó procesamientos por lavado de activos
La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó parcialmente los procesamientos de cuatro directivos del grupo Jonestur en una causa por presunto lavado de activos agravado, a partir de una investigación impulsada por la fiscal federal Laura Mazzaferri, titular de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros delitos complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata, con intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
El tribunal consideró, con el grado de probabilidad correspondiente a esta instancia del proceso, que los imputados habrían participado de una estructura destinada a captar fondos de clientes, administrarlos por fuera de la actividad formal de la casa de cambio y transferirlos al exterior mediante sociedades radicadas en Panamá y cuentas vinculadas a la Banca Privada de Andorra.
Además, la resolución confirmó los embargos económicos dispuestos contra los cuatro directivos, fijados en 10.000 millones de pesos para cada uno.
La hipótesis judicial sobre el movimiento de fondos al exterior
Según la resolución, la operatoria investigada habría excedido la actividad cambiaria autorizada e incluido tareas vinculadas con la administración patrimonial, asesoramiento financiero, gestión de carteras y transferencias internacionales de fondos sin la autorización estatal correspondiente.
La Cámara señaló que, de manera provisoria, se habría utilizado una estructura paralela a la actividad formal de la casa de cambio, con sociedades constituidas en Panamá para canalizar fondos hacia cuentas abiertas en la Banca Privada de Andorra.
En ese marco, los investigadores identificaron al menos 30 sociedades registradas en Panamá que habrían sido utilizadas para realizar movimientos financieros. También se analizaron cuentas que, al 31 de enero de 2018, mantenían un saldo superior a los 92 millones de dólares.
El tribunal aclaró que una transferencia de dinero al exterior no constituye por sí misma un delito de lavado de activos, pero consideró que los elementos reunidos en la causa permiten sostener, en esta etapa, la existencia de operaciones destinadas a ocultar, administrar y reinsertar activos de presunto origen ilícito.
Una causa iniciada en 2014 con cooperación internacional
La investigación comenzó en 2014 a partir de una presentación realizada por el Banco Central de la República Argentina ante la PROCELAC, vinculada con posibles infracciones al Régimen Penal Cambiario atribuidas a operadores financieros informales en Mar del Plata.
Durante el expediente se realizaron allanamientos en locales comerciales, oficinas y domicilios particulares, además de analizar documentación, dispositivos electrónicos y registros vinculados con la operatoria financiera investigada.
El Ministerio Público Fiscal destacó la intervención de distintas áreas especializadas en cooperación internacional, investigación financiera y recupero de activos. En ese sentido, se dispusieron medidas cautelares para preservar bienes vinculados al expediente, incluyendo la inmovilización de activos por más de 80 millones de euros en la Banca Privada de Andorra o en proceso de liquidación.
La Cámara, además, descartó en esta instancia la figura de asociación ilícita, declaró prescripta la imputación por intermediación financiera no autorizada y resolvió la falta de mérito o sobreseimiento respecto de otras personas investigadas.
Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que analizan las vías procesales correspondientes frente a los aspectos de la resolución que no fueron incorporados a su hipótesis de investigación.