Sueños Compartidos: la fiscalía pidió seis años de prisión para De Vido, López y los hermanos Schoklender
El fiscal general Diego Velasco solicitó ante el Tribunal Oral Federal N°5 penas de hasta seis años de prisión para el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López, el exsubsecretario Abel Fatala y los exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo Sergio y Pablo Schoklender, en el marco del juicio oral por el programa Sueños Compartidos.
Durante un alegato que se extendió por más de diez horas, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que quedó acreditada la existencia de "un sistema de corrupción institucional" destinado a desviar fondos públicos originalmente asignados a la construcción de viviendas sociales.
La acusación atribuye a los principales imputados el delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, mientras que para otros cuatro acusados solicitó penas de cuatro años de prisión como partícipes secundarios.
La acusación: desvío de fondos y falta de controles
Según expuso la fiscalía, entre 2007 y 2011 se implementó un esquema mediante el cual la Fundación Madres de Plaza de Mayo recibió fondos públicos de manera directa para ejecutar obras habitacionales, sin los controles administrativos habituales y mediante un sistema que, según la acusación, permitió el desvío de 206 millones de pesos.
Velasco sostuvo que la maniobra se apoyó en el denominado Programa 50, que posibilitó la firma de convenios sin recurrir a licitaciones públicas y con controles más flexibles que los previstos para otros programas de vivienda.
Durante el alegato también se afirmó que la Fundación recibió más de 900 millones de pesos y que parte de esos recursos fueron utilizados para fines distintos a los previstos originalmente, dejando numerosas obras inconclusas en distintas provincias.
La fiscalía además pidió que, en caso de condena, se disponga el decomiso de los 206 millones de pesos, actualizados según el Índice de Precios al Consumidor al momento en que la sentencia quede firme.
El juicio continuará en agosto
En su exposición, Velasco calificó el caso como "un hecho de gran corrupción", no solo por el dinero involucrado sino también por "las estructuras administrativas, los funcionarios involucrados y el tiempo durante el cual se desarrolló la maniobra".
Respecto de los hermanos Schoklender, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que ambos tuvieron un rol central en la operatoria. Según la acusación, Sergio Schoklender suscribió los convenios como apoderado de la Fundación, mientras que Pablo administraba cuentas y recursos, además de haber registrado un patrimonio que, según la fiscalía, no se correspondía con sus ingresos.
Por su parte, la acusación también alcanzó a exfuncionarios de Santiago del Estero y de la Secretaría de Obras Públicas, quienes, según el alegato, habrían participado en distintos tramos de la operatoria.
El Tribunal Oral Federal N°5 continuará el debate el próximo 5 de agosto, cuando está previsto el alegato de la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF). Tras esa instancia comenzará la etapa de alegatos de las defensas antes del dictado de la sentencia.