Régimen Penal Juvenil: preocupación por la falta de infraestructura para aplicar la nueva ley
La jueza Libertad Cordido, titular del Juzgado de Garantías del Joven N° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata, analizó en una entrevista con Radio Brisas la inminente entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, una reforma que comenzará a aplicarse en septiembre y que modifica aspectos centrales del tratamiento judicial de adolescentes en conflicto con la ley.
Si bien valoró la actualización de una legislación que llevaba más de cuatro décadas vigente, advirtió que la implementación del nuevo régimen representa un enorme desafío, ya que el sistema provincial "está colapsado" y aún no dispone de los recursos necesarios para responder a las nuevas exigencias.
Cordido explicó que la Ley 27.801, sancionada en febrero y publicada en marzo de este año, comenzará a regir durante los primeros días de septiembre, una vez cumplidos los 180 días previstos para su entrada en vigencia. Hasta ese momento continuarán aplicándose la Ley 22.278 y la Ley 13.634 en la provincia de Buenos Aires.
La magistrada señaló que la principal modificación será la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, lo que ampliará significativamente la cantidad de adolescentes alcanzados por el sistema penal juvenil.
"El cambio central es la baja de la edad de punibilidad. Junto con eso también se amplía el universo de adolescentes que va a ingresar al sistema", explicó.
Aunque se mostró de acuerdo con la necesidad de actualizar el régimen vigente, Cordido sostuvo que la nueva ley no llega acompañada de los recursos necesarios para garantizar su correcta aplicación.
"No tenemos las condiciones dadas para que esta ley se implemente. Se sanciona sobre un sistema que está colapsado y no sobre un sistema preparado", afirmó.
En ese sentido, explicó que la legislación nacional invita a las provincias a adecuar sus normas y estructuras, por lo que Buenos Aires deberá realizar importantes modificaciones para poder responder a la nueva realidad.
Para la jueza, más que un cambio inmediato, la puesta en marcha del régimen debe entenderse como una etapa de transición, durante la cual será indispensable fortalecer las instituciones y mejorar la capacidad de respuesta del sistema.
Adolescentes con múltiples vulnerabilidades
Durante la entrevista, Cordido también se refirió al perfil de los jóvenes que llegan al sistema judicial. Según explicó, en la mayoría de los casos se trata de adolescentes que atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad, marcadas por consumos problemáticos, abandono escolar y una escasa presencia del Estado en etapas previas.
"Cuando los chicos llegan al juzgado es porque el Estado estuvo ausente durante muchísimos años", sostuvo.
La magistrada consideró que el abordaje de estas problemáticas requiere mucho más que una respuesta judicial y remarcó la necesidad de fortalecer las políticas públicas destinadas a la prevención, la educación, la salud mental y la inclusión social.
La reinserción, uno de los objetivos centrales
Cordido destacó que la nueva normativa no solo busca establecer responsabilidades penales, sino también favorecer la reinserción social de los adolescentes.
En ese marco, señaló que resulta indispensable garantizar tratamientos para los consumos problemáticos, fortalecer la educación dentro de los dispositivos de alojamiento y asegurar el acceso a la atención médica y psicológica.
"Todo lo que tiene que ver con la educación, la salud y el tratamiento del consumo hace a la calidad del tiempo que el joven permanece en las instituciones y le permite luego su reinserción en la sociedad", expresó.
Faltan plazas y dispositivos especializados
Uno de los aspectos que más preocupa a la magistrada es la falta de infraestructura para afrontar la reforma. Explicó que Mar del Plata cuenta con solo tres dispositivos especializados para adolescentes, con una capacidad limitada, y que la nueva ley no fue acompañada por una ampliación de plazas ni por la creación de nuevos espacios destinados a salud mental.
"La modificación de la ley no vino acompañada de la ampliación de plazas ni de un dispositivo de salud mental", remarcó.
A su entender, ese será uno de los principales desafíos durante los primeros meses de implementación del nuevo régimen.
Finalmente, Cordido sostuvo que la baja de la edad de imputabilidad, por sí sola, no garantiza una disminución del delito juvenil, ya que las estadísticas no muestran una relación directa entre ambas variables.
Por eso insistió en que el verdadero desafío será construir un sistema capaz de acompañar a los adolescentes, garantizar sus derechos y ofrecer herramientas que permitan evitar la reincidencia.