Investigan red de trata que captaba personas con falsas ofertas para enviarlas a combatir en Ucrania
La Justicia Federal desbarató una organización acusada de reclutar ciudadanos argentinos para enviarlos a combatir en la guerra entre Ucrania y Rusia bajo promesas de altos salarios y supuestas oportunidades laborales. La investigación derivó en la detención de una mujer en la localidad bonaerense de Tigre, mientras que su pareja, también señalada como integrante de la banda, permanece prófuga tras haber salido del país con destino a Brasil.
La causa es impulsada por la Fiscalía Federal N° 1 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal general Sergio Néstor Mola, junto con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). A pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez federal Luis Armella ordenó el allanamiento y la detención de la principal imputada, quien será indagada por el delito de trata de personas.
La pesquisa se inició en marzo de este año, cuando personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detectó inconsistencias en los relatos de cuatro hombres que se encontraban en el área de preembarque del Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Ucrania.
Los investigadores advirtieron que ninguno de ellos sabía quién había comprado sus pasajes, quién los recibiría al llegar a Europa ni cuáles serían las tareas que debían desempeñar. Además, no contaban con pasajes de regreso ni con recursos económicos suficientes para afrontar su estadía.
Con el avance de la investigación se determinó que los cuatro habían sido captados a través de redes sociales y plataformas digitales mediante ofertas para incorporarse al ejército ucraniano por salarios cercanos a los 3.000 dólares mensuales. Según la causa, los contratos nunca llegaban a formalizarse y las condiciones laborales permanecían ocultas.
Los investigadores también establecieron que los reclutadores les indicaban qué responder ante eventuales controles migratorios, instruyéndolos para afirmar que viajaban a trabajar en el rubro de la construcción.
Una presunta red de trata con alcance internacional
Las tareas de inteligencia, el análisis de comunicaciones y distintas medidas de vigilancia permitieron identificar a los presuntos integrantes de la organización.
De acuerdo con la acusación, la red se dedicaba a captar civiles, entre ellos exmilitares y exintegrantes de fuerzas de seguridad, para trasladarlos a zonas cercanas al conflicto bélico bajo promesas económicas que luego no se cumplían.
Los fiscales sostienen que el mecanismo podría encuadrarse como un caso de trata de personas con fines de explotación laboral, ya que las víctimas asumían deudas vinculadas al viaje y al equipamiento, quedando sometidas a distintas formas de coerción que limitaban su posibilidad de abandonar la actividad.
Durante el allanamiento realizado por la Policía Federal Argentina (PFA) en Tigre fue detenida una mujer señalada como una de las responsables del reclutamiento. Sin embargo, su pareja no pudo ser localizada debido a que había viajado a Brasil pocos días antes del operativo y continúa siendo buscada.
La alerta internacional por este tipo de reclutamientos
En abril pasado, la PROTEX puso en conocimiento de la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (REDTRAM) la existencia de posibles maniobras de captación de ciudadanos argentinos para participar en el conflicto entre Ucrania y Rusia.
Los fiscales advirtieron que se trataba de un fenómeno con características de organización criminal transnacional, en el que reclutadores locales seleccionaban perfiles —principalmente exintegrantes de fuerzas de seguridad—, organizaban los viajes y gestionaban pasajes solo de ida hacia países cercanos a la zona de guerra.
La preocupación también fue compartida por INTERPOL, que en julio de 2026 emitió una notificación morada para alertar sobre este tipo de modalidad delictiva. La organización internacional señaló que estructuras similares fueron detectadas en Colombia, donde jóvenes eran captados mediante falsas ofertas laborales, empresas fachada y promesas de elevados ingresos.
Según la información difundida, una vez en destino las víctimas eran sometidas a la confiscación de sus documentos, aislamiento, endeudamiento y amenazas, siendo obligadas a participar en actividades de combate bajo un esquema de explotación laboral forzada.
La investigación continúa mientras la Justicia analiza el material secuestrado durante los procedimientos y procura localizar al segundo imputado para avanzar con la causa.