Dañar el mar y pagar monedas: 16 años después, el Golfo San Jorge sigue esperando Justicia
En 2009, Pan American Energy (PAE) realizó tareas de prospección sísmica en el Golfo San Jorge mediante cañones de aire comprimido (air guns). A partir de entonces comenzó un conflicto ambiental, productivo y judicial que, 16 años después, todavía no encuentra una reparación efectiva.
Las consecuencias sobre la actividad pesquera fueron severas. La caída de las capturas golpeó directamente a la Flota Amarilla de Caleta Paula y puso en jaque a pequeñas empresas que dependían del recurso. La dimensión económica de aquella crisis fue tal que, según consta en el expediente citado en la reciente aclaratoria, algunos de los damnificados debieron recurrir a financiamiento y desprenderse de sus embarcaciones para afrontar salarios, combustible y otras obligaciones.
Una contradicción difícil de explicar
El recorrido judicial deja una paradoja que merece ser puesta en discusión.
Por un lado, la vía específicamente ambiental no terminó brindando una reparación concreta por el daño denunciado sobre el ecosistema del Golfo San Jorge. Por otro, en paralelo, la acción civil por los daños y perjuicios económicos sufridos por la industria pesquera como consecuencia de aquellos hechos sí continuó su camino.
Es decir: el ambiente quedó sin una reparación efectiva, pero las consecuencias económicas sobre quienes vivían de ese ambiente siguieron discutiéndose durante 16 años en los tribunales.
La propia aclaratoria presentada por los afectados señala que la remediación ambiental directa fue declarada abstracta por el paso del tiempo y que, frente a ello, la indemnización civil quedó como un canal de reparación y disuasión.
Y ahí aparece una segunda contradicción.
Después de 16 años, esa reparación económica también corre el riesgo de quedar prácticamente vacía de contenido.
$1,80 por kilo: cuando la reparación se transforma en una ficción
El 20 de agosto, los representantes de los damnificados presentaron un recurso de aclaratoria ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia para solicitar, entre otras cuestiones, que se determine correctamente el mecanismo de capitalización de los intereses y evitar que la sentencia quede “vacía de contenido económico”.
La resolución cuestionada utiliza como base histórica $1,80 por kilogramo de merluza hubbsi.
Según la demostración matemática incorporada al recurso, aplicando intereses de manera simple ese monto llegaría en 2026 a apenas $13,39 por kilo, mientras que la aclaratoria toma como referencia un valor actual aproximado de $1.500. La reparación resultante no alcanzaría siquiera al 1% de ese valor.
El ejemplo del buque San Salvador permite dimensionarlo: el lucro cesante histórico fijado en $827.715,80 representaba, a $1,80 por kilo, 459.842 kilos de merluza. Según el recurso, a un valor actual de $1.500 esa misma cantidad representaría aproximadamente $689,7 millones. Con los $827.715,80 históricos hoy podrían adquirirse apenas 551 kilos.
¿Qué pasa con el principio de “quien contamina paga”?
La cuestión ya no puede reducirse a una discusión entre empresas sobre una liquidación judicial.
El recurso pone en el centro el principio de “contaminador-pagador” de la legislación ambiental argentina: quien genera un impacto debe asumir sus costos reales. Los damnificados sostienen que una indemnización licuada después de 16 años destruye esa función y elimina el efecto disuasorio que debería tener la reparación.
La pregunta entonces es inevitable:
Si el ambiente no fue reparado y las consecuencias económicas sufridas por quienes dependían de ese recurso terminan indemnizándose con una suma insignificante, ¿cuál fue la consecuencia real para quien provocó el daño?
Peor aún: ¿qué mensaje se transmite hacia futuras actividades capaces de generar impactos sobre el ecosistema marino?
El propio recurso advierte sobre el incentivo perverso que podría generarse: cuanto más se demora un juicio por daño ambiental, menos termina pagándose en términos reales.
El Golfo San Jorge como advertencia
Esta historia no debería quedar encerrada en un expediente judicial de la Patagonia.
El antecedente adquiere especial relevancia ante cualquier posibilidad de retomar prospecciones sísmicas en otras áreas del Mar Argentino, incluidas las proyectadas frente a Mar del Plata.
Porque antes de discutir nuevas exploraciones existe una pregunta que todavía no encontró respuesta en el Golfo San Jorge:
¿qué pasa cuando algo sale mal?
¿Quién repara el ambiente? ¿Quién responde por las consecuencias productivas? ¿Cuánto tiempo pueden esperar las PyMEs y trabajadores afectados? ¿Y qué capacidad preventiva tiene una condena si, 16 años después, el resarcimiento termina convertido en una suma irrisoria?
Los damnificados ya formularon reserva del caso federal y dejaron planteada la posibilidad de recurrir ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos si no se subsanan las cuestiones cuestionadas.
No se trata de plantear una falsa dicotomía entre energía y pesca, ni entre producción y ambiente.
Se trata de algo mucho más básico: no existe desarrollo sostenible si el daño queda sin reparar y el paso del tiempo termina beneficiando económicamente a quien debe responder.
El Golfo San Jorge ya dejó una advertencia.
Si después de 16 años el ambiente sigue sin reparación y el resarcimiento por sus consecuencias económicas puede terminar valiendo monedas, antes de volver a disparar un solo air gun en el Mar Argentino deberíamos preguntarnos qué aprendimos de lo que ya pasó.