Javier Rodríguez denunció una licitación pesquera “inclinada”

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, acompañó el reclamo presentado por la Federación de Cooperativas de Trabajo de Actividades Portuarias, Navales, Pesqueras y Afines (FECOOAPORT) contra el proceso de asignación de permisos para incorporar nuevos buques poteros destinados a la captura de calamar.

La presentación fue encabezada por Nazareno Carrasco, presidente de FECOOAPORT, y Carlos Mezzamico, secretario general del Sindicato Unido Portuarios Argentinos (SUPA). También participó Marcos Gutiérrez, presidente del Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata.

El planteo de las cooperativas se suma a las objeciones que la Provincia de Buenos Aires viene formulando ante el Consejo Federal Pesquero (CFP) respecto de las condiciones establecidas para la incorporación de hasta 18 nuevos buques poteros destinados a la pesca de calamar (Illex argentinus).

Rodríguez sostuvo que el procedimiento generó una desventaja para el complejo pesquero bonaerense y cuestionó tanto el sistema de puntuación territorial como la falta de estudios científicos específicos que, según la Provincia, deberían respaldar una decisión de esta magnitud.

La Provincia ya había presentado un recurso de reconsideración ante el Consejo Federal Pesquero para solicitar la revocación de la Resolución 6/2026. De manera subsidiaria, pidió suspender sus efectos hasta contar con estudios científicos, técnicos y ambientales que permitan evaluar la sustentabilidad del recurso.

Para Rodríguez, el modo en que se desarrolló el procedimiento genera dudas sobre la posibilidad de analizar adecuadamente las propuestas.

“Nos encontramos con esto: una licitación que se hizo con la cancha inclinada”, sostuvo el ministro.

Según explicó, el proyecto fue presentado, tratado y votado prácticamente durante una misma reunión del Consejo Federal Pesquero, sin que —de acuerdo con su planteo— los integrantes del organismo hubieran contado previamente con toda la documentación necesaria para analizarlo.

El cuestionamiento adquiere especial relevancia para Mar del Plata, debido al peso que tiene su puerto dentro de la actividad pesquera argentina.

Un sistema de puntajes que, según la Provincia, perjudicó a Buenos Aires

Uno de los principales ejes de la discusión está relacionado con el sistema de puntuación territorial previsto en la Resolución 6/2026.

De acuerdo con el planteo bonaerense, el esquema asignó diferentes puntajes según el puerto donde se produjera el desembarque:

• 30 puntos para proyectos con desembarque en Tierra del Fuego.
• 25 puntos para Santa Cruz.
• 20 puntos para Chubut.
• 15 puntos para Río Negro.
• 10 puntos para Buenos Aires.

Para la administración bonaerense, esa diferencia genera una desventaja competitiva para el sector pesquero provincial y, particularmente, para el puerto de Mar del Plata.

Rodríguez sostuvo que la elección de un puerto bonaerense implicaba una penalización en la clasificación de los proyectos.

“Aquellos empresarios que definieran que el desembarque iba a ser en puerto bonaerense eran castigados en términos de puntaje”, afirmó.

El ministro también señaló que el lugar de desembarque no solo podía influir en la posición obtenida en el proceso, sino también en la duración de los permisos.

De 18 permisos, uno quedó vinculado a Mar del Plata

El resultado del proceso es uno de los principales argumentos utilizados por Rodríguez para cuestionar el esquema.

Según señaló el ministro, solo uno de los 18 permisos quedó asociado a un proyecto con desembarque en Mar del Plata.

La cifra adquiere relevancia si se tiene en cuenta la participación que, según Rodríguez, tiene actualmente el puerto marplatense en la pesquería del calamar.

“Pasar de eso a 1 en 18, queda claro que acá hubo una acción en contra de la pesca bonaerense”, sostuvo.

La Provincia interpreta ese resultado como una consecuencia del mecanismo de evaluación adoptado por el Consejo Federal Pesquero y como una señal desfavorable para el entramado productivo vinculado con la pesca en Buenos Aires.

La crítica de Javier Rodríguez a la industria naval argentina

El cuestionamiento no se limita al lugar donde se desembarcará el recurso.

Rodríguez también puso el foco en la industria naval argentina y sostuvo que ninguno de los 18 proyectos aprobados quedó vinculado con astilleros nacionales.

“Hay cero proyectos de 18 vinculados a astilleros nacionales. Es decir que las 18 embarcaciones van a venir importadas”, afirmó.

Para el funcionario, la incorporación de nuevos buques podría haber representado una oportunidad para generar actividad en los astilleros argentinos, además de empleo y movimiento económico asociado a la construcción naval.

“Acá se está dilapidando una verdadera oportunidad”, expresó Rodríguez, al referirse al impacto que, según su visión, podría tener la decisión sobre una industria que atraviesa dificultades.

Pesca, astilleros y trabajo: el reclamo apunta a toda la cadena

El planteo de la Provincia busca ampliar la discusión más allá de la cantidad de permisos otorgados.

Rodríguez ubicó el conflicto dentro de una cadena productiva que incluye trabajadores, cooperativas, empresas pesqueras, plantas de procesamiento, actividades portuarias y astilleros.

Desde esa perspectiva, la preocupación bonaerense no se concentra exclusivamente en el recurso pesquero, sino también en el destino del valor generado por la actividad.

“Nosotros lo que estamos haciendo es defender los puestos de trabajo, defender la producción y el agregado de valor”, afirmó el ministro.

La Provincia también cuestiona la falta de estudios científicos

Otro de los argumentos presentados por Buenos Aires está relacionado con la sustentabilidad del calamar y la información científica disponible antes de ampliar la capacidad extractiva.

La Provincia sostiene que la decisión debería contar con estudios específicos que permitan determinar el impacto de una mayor presión pesquera sobre los distintos stocks de calamar existentes en el Mar Argentino.

Rodríguez cuestionó la documentación utilizada para fundamentar la medida y señaló que, desde su perspectiva, no existió un estudio científico suficiente del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP).

“No había, como debe haber, un estudio científico del INIDEP”, cuestionó.

En particular, sostuvo que la documentación disponible no contemplaba adecuadamente las subdivisiones del recurso.

Para el Gobierno bonaerense, la ausencia de información científica suficiente debería llevar a extremar las precauciones antes de avanzar con una ampliación del esfuerzo pesquero.

Rodríguez pidió no dar la decisión como un hecho consumado

El ministro también cuestionó que el Consejo Federal Pesquero haya acelerado el proceso de asignación de los permisos pese a los planteos administrativos y judiciales impulsados alrededor de la medida.

Según Rodríguez, la rapidez del procedimiento podría generar una situación de hecho difícil de revertir posteriormente.

“No hay que dar esto como un hecho consumado”, remarcó.

En ese sentido, anticipó que la Provincia continuará utilizando las herramientas institucionales disponibles para sostener sus objeciones y plantear lo que considera incumplimientos de la normativa.

El funcionario insistió además en que, desde la perspectiva bonaerense, existen elementos suficientes para cuestionar el procedimiento y el criterio utilizado para distribuir los permisos.

FECOOAPORT y los trabajadores se sumaron al reclamo

El reclamo impulsado por FECOOAPORT incorpora la mirada de cooperativas y trabajadores vinculados directamente con las actividades portuarias, navales y pesqueras.

La participación de la organización se suma así a las gestiones realizadas por la Provincia ante el Consejo Federal Pesquero y refuerza el planteo de que las decisiones sobre el recurso deben contemplar el impacto sobre el empleo y el entramado productivo.

Rodríguez destacó la presencia de los trabajadores organizados y agradeció el acompañamiento a la disputa institucional.

“Quería agradecerles a ustedes por estar dando la lucha, por estar dando esta batalla”, expresó.

Mar del Plata, en el centro de la discusión

Para Rodríguez, la discusión por los permisos tiene un impacto directo sobre Mar del Plata, una ciudad cuya economía mantiene una fuerte vinculación histórica con la pesca y las actividades portuarias.

El ministro cuestionó además la falta de acompañamiento del gobierno municipal a las acciones impulsadas por la Provincia.

“Esto es defender el trabajo, es defender la producción”, sostuvo.

El funcionario planteó que el reclamo debería ser entendido como una cuestión vinculada con el desarrollo productivo local y no como una disputa partidaria.

La controversia, de este modo, excede la asignación de los nuevos permisos para la captura de calamar: pone en discusión dónde se desembarca el recurso, dónde se genera trabajo, dónde se procesa la producción y qué participación tiene la industria naval argentina.

Qué reclama Buenos Aires por los nuevos buques poteros

El planteo bonaerense puede sintetizarse en varios puntos centrales:

Revisar la Resolución 6/2026: la Provincia solicitó su revocación y, subsidiariamente, la suspensión de sus efectos.

Revisar el criterio territorial: cuestiona las diferencias de puntaje asignadas según el puerto de desembarque.

Contar con mayor respaldo científico: reclama estudios que permitan evaluar el impacto de una ampliación del esfuerzo pesquero sobre el recurso.

Defender el trabajo y el agregado de valor: busca que la incorporación de nuevos buques genere actividad en los puertos, plantas, cooperativas y demás sectores de la cadena.

Promover la industria naval argentina: Rodríguez cuestionó que ninguno de los proyectos seleccionados esté vinculado con astilleros nacionales.

El conflicto sigue abierto

El resultado de la asignación de los 18 permisos para buques poteros abrió un nuevo capítulo en la discusión entre la Provincia de Buenos Aires y el Consejo Federal Pesquero.

Para Javier Rodríguez, el hecho de que solo uno de los 18 proyectos esté vinculado con Mar del Plata y que ninguno contemple, según su denuncia, la participación de astilleros nacionales confirma los cuestionamientos que Buenos Aires había realizado durante el tratamiento de la medida.

La Provincia anticipó que continuará utilizando las vías administrativas y judiciales disponibles, mientras que FECOOAPORT y los sectores vinculados al trabajo portuario y pesquero sostienen su reclamo.

El eje de la discusión queda planteado en torno a una pregunta de fondo: cómo administrar el recurso pesquero para que la actividad no solo genere capturas, sino también empleo, producción, procesamiento y valor agregado en territorio argentino.

Como sintetizó Rodríguez al cerrar su intervención: “La producción y el trabajo están, por lo menos para nosotros, siempre como norte”.