La Provincia denunció una licitación pesquera “exprés” contra Mar del Plata
La asignación de 18 permisos para la incorporación de nuevos buques poteros destinados a la captura de calamar abrió un nuevo frente de conflicto entre la provincia de Buenos Aires y el Consejo Federal Pesquero.
El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, cuestionó el procedimiento utilizado para avanzar con la licitación y aseguró que el proceso se realizó de manera acelerada, sin fundamentos técnicos suficientes y con condiciones que, según su interpretación, terminaron perjudicando a la provincia y especialmente al puerto de Mar del Plata.
En una entrevista con Radio Brisas, Rodríguez acompañó los reclamos realizados por distintos sectores vinculados a la actividad pesquera y anticipó que la Provincia continuará cuestionando la decisión.
Uno de los principales cuestionamientos del ministro estuvo centrado en los tiempos del procedimiento. Según explicó, el proyecto para lanzar la nueva licitación fue presentado y aprobado en el propio Consejo Federal Pesquero durante la misma jornada, sin un plazo suficiente para que las distintas partes pudieran analizar la propuesta.
Rodríguez sostuvo que se trató de un “proceso absolutamente exprés”, realizado en poco tiempo y, según afirmó, sin una explicación clara sobre la urgencia para avanzar con la convocatoria.
También cuestionó la falta de un fundamento técnico previo respecto de los stocks de calamar y señaló que las características del procedimiento generaron un escenario desfavorable para la provincia de Buenos Aires.
“El llamado a licitación se presentó como propuesta y en el mismo día se aprobó”, señaló el funcionario durante la entrevista.
Solo uno de los 18 proyectos prevé desembarcar en Mar del Plata
Uno de los datos que la Provincia considera más preocupantes es el resultado final de la asignación.
De los 18 permisos otorgados, Rodríguez aseguró que solo uno corresponde a un proyecto que contempla el desembarco de calamar en el puerto de Mar del Plata.
El dato cobra especial relevancia por el peso que tiene la ciudad dentro de la actividad. Según indicó el ministro, actualmente Mar del Plata concentra aproximadamente la mitad del total del calamar desembarcado a nivel nacional.
Desde esa perspectiva, Rodríguez consideró que, de haberse desarrollado un proceso sin condiciones que favorecieran a determinados puertos, la participación de Mar del Plata podría haber sido considerablemente mayor.
El funcionario bonaerense apuntó especialmente contra uno de los aspectos que, según denunció, habría perjudicado a los proyectos vinculados con puertos de la provincia. Rodríguez sostuvo que los empresarios que incluían en sus propuestas a un puerto bonaerense como lugar de desembarque obtenían menos puntaje dentro del proceso de evaluación.
Para el ministro, este criterio terminó inclinando la competencia en contra de Buenos Aires y afectando directamente a Mar del Plata.
“Claramente, con la cancha inclinada, se perjudicó a la provincia de Buenos Aires y específicamente al puerto de Mar del Plata”, cuestionó.
La postura de la Provincia coincide con reclamos expresados por sectores sindicales y actores vinculados a la actividad pesquera, que también manifestaron su preocupación por las consecuencias que podría generar la incorporación de nuevas embarcaciones.
También cuestionan que los 18 buques serán importados
Otro de los puntos señalados por Rodríguez es que, de acuerdo con la información expuesta durante la entrevista, ninguno de los 18 proyectos contempla la construcción de un buque nacional. Las embarcaciones que se incorporarían serían importadas y usadas, una situación que, según el ministro, también podría generar un impacto negativo sobre la actividad de los astilleros argentinos.
De esta manera, el cuestionamiento de la Provincia no se limita al puerto de desembarque y al movimiento económico asociado a la pesca, sino que se extiende a otros sectores de la cadena productiva.
Para Rodríguez, la decisión podría afectar tanto a los trabajadores vinculados con la captura y descarga como a actividades industriales relacionadas con la construcción y reparación naval.
Consultado sobre la cantidad de puestos de trabajo y el movimiento económico que podrían verse afectados, el ministro señaló que el impacto potencial podría ser importante, aunque aclaró que las consecuencias concretas dependerán también de cómo comiencen a operar los nuevos proyectos.
Rodríguez planteó además que la incorporación de nuevas embarcaciones podría generar efectos sobre las 84 embarcaciones que actualmente participan de la pesquería de calamar.
En ese contexto, sostuvo que el debate no está cerrado y que la discusión continuará tanto en el plano institucional como a través de las acciones impulsadas por los sectores involucrados.
“Lo que estamos defendiendo son los puestos de trabajo marplatenses y bonaerenses”, remarcó.
La Provincia pidió reconsiderar la decisión
Rodríguez confirmó que el gobierno bonaerense ya presentó un pedido de reconsideración ante el Consejo Federal Pesquero.
Según explicó, esa presentación no fue considerada antes de que se resolviera la asignación de los permisos. Sin embargo, la Provincia mantendrá sus objeciones al procedimiento.
El ministro también destacó que distintos sindicatos vinculados con la actividad pesquera avanzaron por la vía judicial, por lo que el conflicto podría continuar en los tribunales.
La posición del gobierno bonaerense es que todavía existen herramientas para seguir cuestionando la decisión y defender los intereses de los trabajadores y de los puertos de la provincia.
Críticas al tratamiento acelerado de los proyectos
Rodríguez también cuestionó la rapidez con la que, según relató, fueron evaluadas las propuestas ganadoras. Explicó que cada proyecto contenía cientos de páginas de documentación, con información sobre inversiones, puestos de trabajo y diferentes aspectos técnicos.
Sin embargo, señaló que la documentación fue presentada un día y votada al siguiente, un plazo que consideró insuficiente para realizar un análisis profundo de cada iniciativa.
Para el ministro, esta celeridad genera interrogantes no solo sobre el procedimiento, sino también sobre los criterios utilizados para definir quiénes resultaron adjudicatarios.
El conflicto por la asignación de los permisos para nuevos buques poteros mantiene enfrentados a la provincia de Buenos Aires con el Consejo Federal Pesquero.
Desde el gobierno bonaerense sostienen que la licitación perjudica al puerto de Mar del Plata, afecta potencialmente al empleo y reduce las posibilidades de participación de la industria naval nacional.
Mientras tanto, sindicatos y sectores vinculados a la pesca continúan expresando sus objeciones y algunas organizaciones ya recurrieron a la Justicia. Para Javier Rodríguez, la discusión está lejos de terminar. La Provincia buscará mantener el reclamo y cuestionar un procedimiento que considera acelerado y desfavorable para los intereses bonaerenses.