Martínez Soto: "La suspensión de la Ley Penal Juvenil adolece de validez constitucional y convencional"
El fiscal Walter Martínez Soto, a cargo de una de las unidades del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, ratificó que está vigente desde el fin de semana y se aplica la nueva legislación que amplía la punibilidad a menores de 14 y 15 años y criticó la decisión de una jueza de Lomas de Zamora que ordenó suspender esta norma por falta de infraestructura adecuada para recibir a adolescentes que puedan ser detenidos.
"El Ministerio Público Fiscal de la provincia mantiene la plena vigencia porque la resolución ni siquiera tiene firmeza, ya que está abierto un camino recursivo", explicó a Radio Brisas sobre la postura adoptada ante este hábeas corpus colectivo al que se hizo lugar la jueza Marta Alba Pascual y que dispuso suspensión por 60 días de la Ley N°27.801 en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires.
Martínez Soto reconoció que la novedad, que les llevó de manera informal a partir de la circulación del caso por redes sociales y medios periodísticos, tomó por sorpresa a los operadores de justicia de este fuero. Dijo que la reacción fue primero de sorpresa pero luego de real preocupación.
"Hubo un exceso en la jueza, como si se hubiese puesto por encima del Congreso para suspender una ley en toda la provincia de Buenos Aires", detalló sobre una medida que cree que avanza sobre otros poderes del Estado. "Una ley solo se deja sin efecto por otra ley", remarcó y por eso cree que la suspensión del Régimen Penal Juvenil "adolesce de validez constitucional y convencional".
Frente a la situación que se le planteó a la jueza de Lomas de Zamora, relacionada a un instituto en particular en ese distrito, consideró que podría haber planteado una medida de aplicación solo para ese caso "pero no hacer una generalidad".
"Habla de una situación de urgencia, pero hasta el viernes ella misma remitía a los jóvenes a los mismos institutos con la otra ley", señaló sobre un problema estructural de larga data que la provincia tiene con la disponibilidad de espacios adecuados para albergar a menores privados de libertad.
A su criterio, la jueza "se excedió" en sus alcances y advirtió que "no habrá tribunal que no advierta esto y el perjuicio que causa en cuanto al conocimiento y la incertidumbre". "No es algo que pueda pasar desapercibido y se pueda permitir", insistió.
Consideró "inaudito" este tipo de resoluciones por la ambición de alcances y apuntó que "viola ampliamente la Constitución porque va en contra de otro poder de Estado que trató un proyecto de ley, lo debatió, lo sancionó y se dio tiempo prudencial para entrada en vigencia". "Las situaciones que remarca la jueza no son urgentes sino que son conocidas hace 20 años", describió Martínez Soto.