Prisión preventiva para un hombre acusado de explotar sexualmente a una mujer por una década
La Justicia Federal de Mar del Plata imputó y dictó prisión preventiva por 90 días a un hombre acusado de trata de personas con fines de explotación sexual, además de otros delitos vinculados con abusos, lesiones y suministro de estupefacientes.
La medida fue dispuesta por el juez federal de Garantías Santiago Inchausti, luego de una audiencia en la que la fiscal federal Laura Mazzaferri presentó la investigación y solicitó la prisión preventiva del acusado.
La causa comenzó a partir del relato de una mujer que recibió atención en el Hospital Interzonal de Mar del Plata y manifestó haber atravesado situaciones de abuso sexual, lesiones y explotación sexual. Según la hipótesis de la Fiscalía, el acusado habría recibido y acogido a la víctima al menos desde 2016 y hasta el 5 de septiembre pasado, aprovechándose de distintas condiciones de vulnerabilidad con el objetivo de someterla a explotación sexual.
La investigación sostiene que el hombre habría utilizado violencia y abusado de la situación de vulnerabilidad de la mujer para mantenerla sometida, incluso durante un embarazo. Además, de acuerdo con la acusación, habría suministrado estupefacientes a la víctima y la habría sometido a abusos sexuales y lesiones de gravedad.
Como consecuencia de los abusos sexuales sufridos en el contexto investigado, la mujer habría quedado embarazada. Durante una posterior internación hospitalaria se le practicó una interrupción voluntaria del embarazo (IVE), conforme al protocolo vigente.
La acusación contra el detenido
Durante la audiencia de formalización, la fiscalía atribuyó al hombre el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por la utilización de violencia, el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la víctima, su condición de embarazada y la consumación de la explotación.
También fue imputado por lesiones graves y por abuso sexual con acceso carnal agravado, según la calificación presentada por el Ministerio Público Fiscal. A estos delitos se sumó una acusación por suministro oneroso de estupefacientes, agravado por las circunstancias señaladas por la fiscalía.
La imputación corresponde a la etapa inicial del proceso y deberá ser analizada durante el avance de la investigación judicial.
La investigación se inició el 9 de septiembre, luego de que la Justicia provincial declinara su competencia y remitiera las actuaciones al fuero federal. El caso había comenzado a partir de la declaración de una joven que recibió atención médica en el Hospital Interzonal de Mar del Plata. En ese contexto, relató situaciones de abuso sexual, lesiones y explotación.
A partir de esos elementos se puso en marcha la investigación a cargo de la Unidad Fiscal Mar del Plata, con intervención del área especializada en criminalidad económica, trata de personas y otros delitos complejos.
Allanamientos y detención
Como parte de las primeras medidas de la investigación, se realizaron tres allanamientos y se libraron otras dos órdenes de presentación en locales comerciales vinculados al principal investigado.
Los procedimientos se llevaron adelante el miércoles por la noche y terminaron con la detención del acusado. El operativo estuvo a cargo de la Prefectura Naval Argentina, con intervención de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas del Delito de Trata de Personas.
Según la reconstrucción realizada por la fiscalía, el acusado habría explotado sexualmente a la mujer con participación de otros hombres de su entorno. La hipótesis sostiene además que se habría quedado con el dinero entregado por los clientes y que, a cambio, le habría suministrado estupefacientes.
La fiscalía también investiga si el hombre habría percibido y retenido beneficios sociales correspondientes a la víctima.
La Justicia ordenó embargar cinco inmuebles y tres vehículos
Además de solicitar la prisión preventiva, la fiscalía pidió una serie de medidas destinadas a preservar los bienes vinculados con el acusado. En ese sentido, Mazzaferri solicitó el secuestro preventivo y embargo de tres automóviles, además del embargo de cinco inmuebles que habían sido allanados y que, de acuerdo con la investigación, serían propiedad real del imputado.
También pidió la inhibición general de bienes y el bloqueo de cajas de seguridad, cuentas bancarias y billeteras virtuales a nombre del acusado. El juez Inchausti hizo lugar a la totalidad de las medidas solicitadas por la fiscalía.
Al fundamentar las medidas patrimoniales, la fiscal Mazzaferri destacó la importancia de preservar los bienes que podrían estar vinculados con el acusado. El objetivo planteado por el Ministerio Público Fiscal es asegurar eventuales decomisos y mecanismos de reparación para la víctima, en el marco de las herramientas previstas por el Código Penal y el Código Procesal Penal Federal.
La fiscalía remarcó especialmente la necesidad de avanzar con medidas patrimoniales en este tipo de investigaciones, donde la explotación económica de las víctimas constituye uno de los aspectos centrales de los delitos investigados.
Prisión preventiva por 90 días
Luego de escuchar la exposición de la fiscalía y analizar los elementos presentados durante la audiencia, el juez federal de Garantías Santiago Inchausti dispuso la prisión preventiva del acusado por 90 días.
El magistrado también estableció un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación, durante el cual la fiscalía deberá profundizar la reconstrucción de los hechos y reunir nuevas evidencias.
La causa continúa en etapa de investigación y el acusado mantiene su condición de imputado. La responsabilidad penal deberá determinarse a partir del avance del proceso y de las pruebas que sean incorporadas al expediente.