Fraude con créditos fiscales: homologaron una reparación integral de $18,5 millones
El Tribunal Oral Federal (TOF) de Mar del Plata, en línea con lo solicitado por el fiscal federal Juan Pablo Curi, homologó una propuesta de reparación integral por 18,5 millones de pesos realizada por cuatro personas acusadas de obtener de manera fraudulenta beneficios fiscales.
La decisión del juez Roberto Fernando Minguillón fue adoptada pese a la oposición de la querella constituida por la Dirección Regional Mar del Plata de la Dirección General Impositiva de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGI).
Fuentes oficiales indicaron que la causa comprende seis hechos vinculados con la obtención fraudulenta de créditos fiscales por exportaciones relacionados con la actividad de una empresa pesquera, correspondientes a los períodos comprendidos entre febrero y julio de 2004. Los créditos fueron reconocidos por el fisco en 2006 y el monto histórico involucrado ascendía a $99.762,46.
La propuesta contempla el pago de 950.000 pesos al fisco nacional y de 17.550.000 pesos, en partes iguales, a las asociaciones civiles Hogar de María y Por Amor a los Niños, que ayudan a familias en situación de vulnerabilidad. El dinero será abonado en tres cuotas mensuales y consecutivas.
La decisión del tribunal
El juez Roberto Fernando Minguillón siguió el criterio planteado por la fiscalía y consideró que la falta de conformidad del organismo damnificado no impedía, por sí sola, la reparación integral. En este marco, sostuvo que "la intervención de la víctima resulta, entonces, indispensable para conocer su posición y valorar sus objeciones, pero no le confiere una facultad de veto sobre esta causal de extinción”.
“La dimensión colectiva del interés protegido no basta, por sí sola, para excluir la reparación integral, sino que debe ponderarse en relación con la afectación concreta y la respuesta ofrecida”, afirmó.
En ese sentido, valoró que la propuesta contemplara tanto la restitución al fisco de los créditos involucrados y sus intereses como un aporte adicional a instituciones que brindan asistencia a personas en situación de vulnerabilidad. El magistrado manifestó que "la reforma introducida por la ley 27.799 proporciona una respuesta expresa”, sostuvo Minguillón.